Ya no es solo que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, su principal competidor en Cataluña, meta todos los días el dedo en el ojo a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a las ministra Ione Belarra e Irene Montero con lo de que se piensen si son más útiles “dentro o fuera del gobierno”; Es que los dirigentes de Unidas Podemos han detectado que ese debate sobre su permanencia en el gabinete de Pedro Sánchez ha calado ya con fuerza en los círculos durante los últimos días y el mejor ejemplo es la fuga de la diputada canaria Meri Pita al Grupo Mixto por haber tragado con el cambio de postura en el Sáhara.
Por eso, según ha podido saber Vozpópuli, la dirección morada va a plantear en el Consejo de Ministros de este martes 29 una especie de ultimátum en diferido a Sánchez ante el ”escoramiento a la derecha” que viene observando”. Empezó en octubre, dicen, con la autorectificación del decreto que intervenía los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, siguió en enero con el envío de armas a Ucrania, luego el aumento del gasto en Defensa hasta el dos por ciento del PIB y ha acabado con la sorprendente renuncia a la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
“Que quede claro que nosotros no queremos romper el primer gobierno de izquierda en democracia, pero Sánchez tiene que tener claro que, o el martes el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania va dirigido a favorecer a los más desfavorecidos y a que paguen más los que más tienen, o el debate interno en Podemos acabará más pronto que tarde pidiéndonos romper”, señala de forma gráfica una de las fuentes. Pero avisa: ”Pedro Sánchez se juega el martes buena parte de la legislatura”.
Los 300 euros anuales que va a exigir Yolanda Díaz el martes a Pedro Sánchez irán a bonificar el gas de calefacción y la electricidad que consumen dieciséis millones de hogares españoles; la factura total de la medida supera los 5.000 millones
En este sentido, la vicepresidenta segunda, según estas fuentes, va a exigir a Sánchez y a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, medidas para que las eléctricas paguen la factura de la guerra y la puesta en marcha su propuesta de un cheque energético de 300 euros anuales para pagar el gas y la electricidad de toda unidad familiar cuyos ingresos no superen los 70.000 euros; beneficiará a más de 16 millones de hogares de los 18.754.000 que hay en España, en los cuales la renta media asciende a 35.485 euros en 2020. El decreto-ley que defiende Podemos tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
La gestión correrá a cargo de las autonomías, que a abonarán la ayuda a los millones de beneficiarios en un ”pago único” de 300 euros y estarán obligadas a remitir a la Administración General del Estado un informe trimestral sobre la aplicación de la medida. La percepción del cheque energético será compatible con cualesquiera otra ayudas de otras administraciones a familias en situación de vulnerabilidad.
Podemos es consciente de que esa medida costará más de 5.000 millones de euros a las arcas públicas pero no quiere que las ayudas vayan solo a los transportistas en forma de bono por valor de 20 céntimos/litro de gasóleo -una vez descartada la bajada del impuesto de hidrocarburos o el IVA en las gasolineras a toda la población-, porque también hay muchos trabajadores que no pueden hacer frente a la triple subida desmesurada del IPC: hogar (calefacción y luz), llenado de depósito del coche y cesta de la compra; en total 2.666 euros de más por hogar este año, según Funcas.
Congelación de los alquileres de las viviendas -incluida la no actualización del IPC- y un impuesto a las eléctricas para que paguen la ‘factura’ de la guerra son otras exigencias a Sánchez para que sopese este martes el futuro de la coalición PSOE-Podemos
Además, Belarra, en calidad de secretaria general de Podemos, ha hecho llegar al resto de ministros otras propuestas para Plan Nacional de respuesta a la guerra: las más importantes son la congelación por decreto de los alquileres de vivienda -incluida la no revisión del IPC- e incrementar en un 18% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV), rebajando la edad mínima de acceso de los 23 años de edad a los 20.
Así mismo, los morados quieren que su socio el PSOE acceda a la prórroga del decreto ley 11/2020 antidesahucios mientras dure la crisis y la derogación de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 23/2021 para obligar a las empresas eléctricas a tributar por los llamados beneficios caídos del cielo.
El Gobierno se vio obligado por la Comisión Europea a rectificar en octubre ese real decreto que gravaba los beneficios producidos por vender electricidad producida de forma barata en centrales hidroeléctricas y en aerogeneradores a precio de la generada en las centrales de ciclo combinado -que usan gas a un precio por encima de los 200 euros/megavatio desde hace meses.
Sánchez y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se siguen resistiendo a hacer caso a Podemos, precisamente por el varapalo de Bruselas en octubre, pero preparan otro impuesto especial a las empresas eléctricas para financiar esta etapa de sobreprecios al consumidor.
En este sentido, Yolanda Díaz es más favorable a ese nuevo impuesto que Belarra o que el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, quienes preferirían insistir en el gravamen a los beneficios caídos del cielo, diga lo que diga Bruselas, aunque desde el partido no van a hacer casus belli de este asunto con la vicepresidenta segunda, en pleno proceso de formación del proyecto político con el que se presentará a las próximas elecciones.
“Sin lineas rojas, decide Sánchez”
Además, la secretaria general de Podemos ha trasladado al resto de ministros en materia de electricidad que quiere que entre en vigor ya en abril el Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, para que las eléctricas dejen de beneficiarse y revierta en beneficio de los consumidores a través del Estado.
A modo de resumen, las fuentes consultadas señalan que “No hay lineas rojas de cara a ese Consejo de Ministros (del 29), pero el mensaje de que la salida tiene que ser por la izquierda y para beneficiar a los más desfavorecidos por esta nueva crisis y por la guerra tiene que ser claro”.
Ponen la pelota en el tejado del presidente del Gobierno -“que decida él de entre todo lo que proponemos”- porque temen que, como con el Pacto de Rentas, el PSOE ”y Pedro Sánchez en particular” estén tentados de pactar con el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo y Ciudadanos, antes que con el denominado bloque de investidura -Podemos, ERC, Bildu, PNV, Compromis y Más País.
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