Podemos ve una violación flagrante de "las condiciones básicas de igualdad" que la Administración General del Estado no atienda en las lenguas cooficiales (catalán, valenciano, gallego y vasco) fuera de las comunidades autónomas donde se utilizan. Tanto es así, que el partido morado ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Política Territorial donde, entre otros puntos, solicita que se traduzcan todas las páginas webs del Gobierno a las lenguas cooficiales.
La iniciativa viene de la vertiente catalana del grupo parlamentario de Podemos, En Comú Podem. En el segundo punto de la PNL insta al Gobierno a que adopte "las medidas necesarias para ofrecer todo el contenido de las páginas web de los diferentes niveles del Gobierno de forma íntegra en las lenguas oficiales y propias del Estado distintas del castellano".
El partido se centra en su exposición de motivos en el ejemplo catalán. Lamenta que, aunque el Estatuto de Autonomía protegen "los derechos lingüísticos de los ciudadanos, ellos decaen en el momento en que se traspasa la frontera competencial y territorial". Esta frontera, argumentan, se diluye en el ámbito digital.
"Si bien el ciudadano podía, anteriormente, efectuar un trámite administrativo dentro de su territorio y ejercer su derecho a la opción lingüística, en la actualidad muchas veces queda la vía telemática para realizar dichos trámites, con la consecuente obligatoriedad de la lengua castellana como única opción lingüística, lo que lleva, por tanto, a una discriminación lingüística", señala el documento.
Efectivamente, Podemos considera "discriminación lingüística" que, dentro de España, haya trámites que se deban realizar obligatoriamente en castellano. "Si bien es cierto que el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, como así sucede en todos los territorios del Estado, las condiciones básicas de igualdad de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas abre la puerta a la igualdad lingüística y, por tanto, a poder hacer trámites administrativos en relación con el Estado en las otras lenguas oficiales distintas al castellano", aseveran.
Según Podemos, actualmente la Administración del Estado está "lejos de garantizar el acceso a las páginas web del Estado en otras lenguas. De hecho, ni tan siquiera las webs de los Ministerios, que albergan muchas veces trámites administrativos como la solicitud de una beca educativa, están plenamente traducidas en las otras lenguas oficiales". Critican que menos del 2% de las webs de la Administración del Estado que afectan a la ciudadanía en todo su conjunto, como por ejemplo aquellas que permiten efectuar trámites administrativos solamente por vía telemática, están plenamente traducidas en otras lenguas oficiales del Estado distintas al castellano.
La PNL, no obstante, va más allá de solicitar la traducción del 98% de las webs de la Administración del Estado, algo para lo que no proponen presupuesto. En un punto de gran ambigüedad solicitan "garantizar el derecho de toda la ciudadanía a relacionarse con la Administración General del Estado en la lengua que consideren oportuna atendiendo al principio de las condiciones básicas de igualdad". ¿Significa esto que todos los funcionarios públicos que atienden en cualquiera de las oficinas de la Administración van a tener que aprender catalán, gallego y vasco? ¿Va a haber que traducir todos los formularios públicos en tales idiomas? ¿Cuánto costarían estas reformas a las arcas públicas? Nada de esto se aclara.
La Agencia Tributaria gasta 1,7 millones en traducir cartas
Algunas instituciones públicas llevan ya años gastando importantes recursos económicos en poder transmitir la información en las distintas lenguas cooficiales. Un ejemplo de ello es la Agencia Tributaria que, como adelantó este diario, gasta 1,7 millones de euros anuales en traducir sus cartas a gallego, catalán y valenciano. El Gobierno de Sánchez ha reforzado este servicio incrementando su presupuesto en 300.000 euros. Otro de los frentes lingüísticos abiertos es el BOE. El PdCat ha pedido en el Congreso que el boletín sea traducido a todas las lenguas cooficiales y que el gasto corra a cargo del Estado español.
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