Unidas Podemos cree que se dan las condiciones políticas para que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2022, pero no está dispuesto a facilitar un cheque en blanco a Pedro Sánchez: para aprobarlos exige no solo que se suba ya el impuesto de sociedades al 15%, mínimo, tal y como recomiendan el G7 y la OCDE, sino incrementar también dos puntos de IRPF a quienes ganen más de 130.000 euros al año y cuatro puntos a los que sobrepasen los 300.000 euros, como pactaron con el PSOE en el acuerdo de coalición de noviembre de 2019, aseguran a Vozpópuli fuentes del partido morado.
”Lo mismo que vamos a pedir en el impuesto de sociedades un esfuerzo a todas esas grandes empresas que van a recibir una lluvia de millones de los fondos europeos para proyectos de modernización y digitalización, es de justicia que los salarios más altos también contribuyan al sostenimiento de las finanzas públicas”, señalan estas fuentes. “La economía está creciendo y el paro bajando… si un Gobierno de izquierda no sube impuestos directos en esa coyuntura ¿Cuándo los va a subir?”, se preguntan.
Así se lo expuso la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, al presidente del Gobierno, con quien mantiene un diálogo directo por encima de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, durante uno de los últimos encuentros que han mantenido en La Moncloa esta semana. Tanto Sánchez como Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se resisten a tocar impuestos en esta coyuntura todavía incierta; de hecho, el jefe del Ejecutivo dijo en rueda de prensa el viernes 2 de julio que su prioridad ahora es el crecimiento de la economía y el empleo, y que la reforma fiscal quedará “pendiente” para posteriores ejercicios.
El presidente ha matizado su negativa a una reforma fiscal en 2022 tras hablar en privado con Yolanda Díaz y ordenar ésta a Isa Serra que cargara contra su socio: “Hay que seguir cumpliendo el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019”
Esas palabras produjeron malestar en el socio minoritario de la coalición -y también en otros posibles apoyos parlamentarios a las cuentas públicas en 2022, como Bildu, Compromis y Más Madrid-, que no quiere dejar pasar más oportunidades en esta legislatura, ni retrasar otro año más la reforma del impuesto de sociedades hasta que salga el informe del Comité de Expertos para implementar lo que denomina política de “fiscalidad justa”.
Díaz ordenó a la portavoz morada, Isa Serra, que lanzará este lunes 5 este aviso al presidente: “Hay que seguir cumpliendo el acuerdo de Gobierno que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019”, dijo Serra. Sobre todo, en una "cuestión fundamental" como son los impuestos porque “no hay justicia social si no hay justicia fiscal". En este sentido, Serra recalcó que la "presión fiscal se carga sobre trabajadores, pequeñas empresas y los autónomos" mientras "las grandes empresas logran escaparse".
Tras esas palabras de la portavoz de Podemos y, sobre todo, tras el encuentro privado con Yolanda Díaz, Pedro Sánchez ha ido reculando esta semana en privado con Díaz sus palabras tajantes del viernes pasado, sostienen fuentes del Ejecutivo. Y es que los morados creen que el PSOE no tiene escapatoria porque, o los aprueba con Unidas Podemos o no hay Presupuestos.
“El tema de los indultos a los presos independentistas facilita en este sentido la negociación y el acuerdo con los socialistas porque hoy ya no hay alternativa; no es posible un apoyo de Ciudadanos”, se advierte desde Podemos a La Moncloa
“El tema de los indultos a los presos independentistas facilita en este sentido la negociación y el acuerdo -insisten las fuentes consultadas por Vozpópuli- porque hoy ya no es posible un apoyo de Ciudadanos y esa geometría variable en el Congreso que pretendió Pedro Sánchez con Inés Arrimadas durante la negociación de las cuentas públicas vigentes, en noviembre pasado. Por eso Sánchez está matizando su negativa inicial a la reforma fiscal; no pueden negarnos todo: impuestos, retraso en el incremento del salario mínimo, etcétera”.
Lo que no va a hacer Yolanda Díaz, señalan fuentes muy próximas, es convertir en casus belli la negociación del techo de gasto, como ocurrió en los presupuestos 2021. La ministra Montero ha asegurado recientemente que el proyecto que salga de Hacienda es poco menos que intocable, y Unidas Podemos lo acepta en tanto consiga el nivel de ingreso vía reforma fiscal que juzgue aceptable para mantener y mejorar el Estado de bienestar.
Que ‘batallen’ las autonomías
La vicepresidenta tercera sabe que esa es una batalla que van a dar las Comunidades Autónomas de todo signo político, las cuales están esperando la convocatoria del preceptivo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir ese techo de gasto, en el que el Ejecutivo prevé plantear una bajada del déficit público de más de tres puntos en un ejercicio, del 8,4% del PIB en 2021 a tan sólo un 5% en 2022.
El año pasado, durante la tramitación del presupuesto vigente ya se planteó por parte de varios gobiernos regionales que la relajación de la regla de gasto no afectara sólo al Estado sino al resto de administraciones, autonómica y local, y el Gobierno Vasco tiene intención de “seguir reclamándolo” durante esta negociación para las cuentas públicas de 2022, aseguran a este periódico fuentes del Ejecutivo del lendakari, Íñigo Urkullu.
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