Unidas Podemos no quiere que el IVA en el recibo de la luz vuelva al 21% a partir de enero, dadas las tensiones alcistas que viven los mercados primarios de gas y electricidad, y por ello va a proponer que se quede indefinidamente en el actual 10% fijado por el Gobierno hasta el 31 de diciembre, según ha sabido Vozpópuli en fuentes gubernamentales.
Los morados consideran que la reciente ampliación hasta en un 70% de la cobertura del bono social para familias vulnerables está bien. Pero la incertidumbre en torno al suministro de gas, que no sólo alimenta las calefacciones de los hogares, también las centrales eléctricas de ciclo combinado que en octubre seguían representando más del 20% de la producción total en España, aconseja favorecer a todos los consumidores de forma preventiva
Yolanda Díaz, Ione Belarra y el negociador económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, llevan semanas sin hacer ruido político y mediático con este asunto en el seno del gabinete, explican las fuentes consultadas, porque son conscientes de que el foco está centrado -desde el famoso e-mail de Nadia Calviño a Díaz- en el conflicto político por la reforma laboral. Y también porque necesitan tiempo "hasta ver en qué se traducen los acuerdos de Teresa Ribera con las empresas eléctricas" que matizan el primer Real decreto donde se les reducía en 2.600 millones los llamados beneficios caídos del cielo.
En Podemos son escépticos de que sin una bajada del IVA los consumidores noten las medidas, pero el PSOE recuerda el déficit estructural del Estado y alerta: “si no volvemos ahora al 21%, a ver qué gobierno se atreve luego”
Ya lo han visto, porque dentro del decreto de ampliación de cobertura a familias vulnerables aprobado hace una semana, va incluido el acuerdo de la vicepresidenta tercera con el sector eléctrico que le va a permitir librarse en parte de la penalización dictada en septiembre si demuestra que no vende en pool a las empresas de consumo electrointensivo; muchas de ellas -Sidenor, Arcelor-Mittal, Fertiberia- han tenido que parar y enviar a casa a 20.000 trabajadores durante este último trimestre de 2021 porque el coste de la luz les hace inviable la producción.
No obstante, y a pesar de esas medidas a favor de la industria, y de otras que la vicepresidenta Ribera está dispuesta a incorporar en el que sería tercer decreto urgente en dos meses -esta vez con el objetivo de ligar la tarifa eléctrica al precio de las renovables-, los morados insisten en que, para repercutir la bajada en el consumidor hay que mantener la factura en el 10 por ciento de IVA actual y no volver al 21% vigente hasta junio pasado.
El problema, replica el Ministerio de Hacienda, es que eso supondría una merma importante de ingresos del Estado cuando España ya ha reconocido a la UE un déficit estructural de 55.000 millones de euros anuales, 5,2% del PIB, el más alto de toda la Unión Europea. Sería un mensaje letal con vistas a la vuelta a la ortodoxia fiscal a partir de 2023. Porque, una vez rebajado sine die el IVA en un producto de primera necesidad como es la electricidad, “a ver qué gobierno se atreve a volver a a subirlo luego, nosotros o el que venga”, reconoce a Vozpópuli una fuente socialista.
La rebaja del IVA vigente hasta el 31 de diciembre afecta a los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kilovatios -siempre que el precio medio mensual del mercado esté por encima de los 45 euros Megavatio (Mw)/hora- y beneficia al 97 % de los consumidores y a 2,8 millones de empresas y autónomos y a 612.000 hogares vulnerables, según datos de la propia Vicepresidencia para la Transición ecológica que dirige Teresa Ribera.
En solo seis meses de 2021 Hacienda va a perder 1.774 millones de ingresos y eso hace que él área socialista del Gobierno vea con aprensión no volver al 21% del IVA en la factura
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el impacto recaudatorio negativo para las arcas públicas en este semestre será de 1.774 millones. De hecho, si no se alargó la rebaja del 21 al 10% en el IVA hasta diciembre de 2023, como estaba previsto en un borrador inicial, fue por la oposición rotunda de la ministra, María Jesús Montero; un miedo a la caída brusca en la recaudación que Montero ya venía demostrando desde meses anteriores a la escalada desorbitada éste verano.
De llevarse a cabo la exigencia de Podemos de prolongar sine die la rebaja, el déficit estructural de 55.000 millones aumentaría en 3.500 más al año y acabaría poniendo a España en un compromiso ante la Comisión Europea, advierte una fuente gubernamental. La solución a la escalada de precios está más en corregir “la generación y el sistema de subasta”, como Ribera está intentando con la tarifa negociando ahora con las renovables, “no en la presión fiscal de la factura”.
Una presión fiscal que, por otro lado, el Consejo de Ministros también rebajó por la vía de suspender temporalmente el impuesto de generación del 7% que cobra a las empresas, lo cual ha supuesto una bajada de precios en el mercado de unos 6 euros por MW/h que han repercutido en el recibo al consumidor. A lo cual hay que sumar la rebaja del 5,1 al 0,5% en el impuesto a la electricidad que se cobra en el recibo. Están en juego, en suma, buena parte de los casi 9.000 millones que anualmente recauda el Estado por la generación, consumo y otros conceptos.
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