El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dedica expresiones contundentes para censurar la actitud ante la Justicia del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su partido. En la exposición razonada elevada ante el Tribunal Supremo por la condición de aforado del dirigente, acusa a la formación morada de haber demostrado un “temerario desprecio hacia la verdad” en el caso Dina. Se refiere a la estrategia de vincular la publicación en prensa del contenido del móvil de su exasesora Dina Bousselham con una campaña de las llamadas cloacas policiales al servicio del PP.
A lo largo de los 63 folios, el juez se esmera en desmontar la tesis de que el polémico comisario José Villarejo estaba detrás del robo del terminal para difundir informaciones comprometedoras contra Podemos. Considera que Iglesias era consciente de esa nula relación y que sabía que lo publicado en prensa en el verano de 2016 partía de filtraciones que habían salido de la propia Bousselham en un marco de guerras internas del partido. Cuando esas informaciones vieron la luz, habían pasado ocho meses y dos elecciones generales desde el robo del terminal, destaca el juez.
A pesar de ello, Iglesias instó a sus abogados y a su responsable del área jurídica de Podemos, Gloria Elizo, a impulsar “una estrategia procesal basada en simular la existencia de una conexión temporal y material entre la publicación de las imágenes y la desaparición de los efectos de Dina Bousselham el 1 de noviembre de 2015, tratando de involucrar a OK Diario y sus principales responsables en los hechos”. De este modo argumenta su acusación por denuncia falsa o simulación de delito contra Iglesias, Elizo y dos abogados del partido.
Estrategia en los tribunales
Esta estrategia de presentarse como víctimas de las cloacas se puso en práctica primero ante el Juzgado de Alcorcón donde Bousselham denunció el robo del teléfono. Usaron para ello a los abogados del partido para presentar una ampliación de la denuncia tras las publicaciones periodísticas. Como adelantó este periódico, los tribunales dijeron que eran hechos inconexos y el partido rechazó la oferta de emprender acciones legales por separado. El juez llama la atención sobre el perfil bajo que mostró el partido en este caso a diferencia de la exposición del momento en el que los hechos comenzaron a investigarse en la Audiencia Nacional.
Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación
OK Diario es un medio de comunicación que ya había mantenido otros contenciosos con Iglesias como la publicación de un presunto pago del régimen de Hugo Chávez a una cuenta de Iglesias radicada en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. Estos hechos jamás se confirmaron y el actual vicepresidente denunció al medio. El caso está a la espera de resolución en el Tribunal Supremo después de que los tribunales hayan dado la razón en dos ocasiones a los periodistas. Consideran que sus fuentes eran fiables.
Entre las informaciones sobre Podemos que salieron de esa tarjeta se encuentra el chat en el que Iglesias hablaba de azotar a Mariló Montero o al actual portavoz parlamentario del partido cantando una jota en un ambiente distendido con amigos. El juez incluye en su explicación que dos periodistas de la revista Interviú le entregaron la tarjeta a Villarejo, pero obvia las reuniones del polémico mando con el director de Ok Diario, Eduardo Inda, antes de las publicaciones en ese medio del contenido de la tarjeta. Aparecen registradas en las anotaciones de la agenda incautada al excomisario.
Revelación de secretos
La exposición razonada remitida al Supremo hace un repaso por todos los hechos investigados en este llamado caso Dina, una derivada de la macroinvestigación sobre las actividades de Villarejo que se sigue en la Audiencia Nacional. Recuerda que casi tres meses después del robo, Iglesias recibió la tarjeta SIM del móvil de su exasesora. Llegó de forma desconocida a la revista Interviú, propiedad del Grupo Zeta. Su director se la entregó a Iglesias, que la analizó y la retuvo sin informar a su dueña durante meses. Cuando la recibió, aún quedaba medio año para que su contenido viese la luz en los medios. El hecho de haberse apropiado de ella le merece al juez acusarle también de un delito de revelación de secretos.
El juez explica esa actitud apuntando precisamente al temor de Iglesias a que Dina Bousselham filtrase a los medios algunos pantallazos que guardaba de chats internos del partido: “Esta concreta acción puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo, al observar el contenido de la tarjeta, de las capturas de pantalla que Bousselham guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado (Iglesias). Estas imágenes se almacenaban en una carpeta llamada Sent (enviados)”.
Fingió ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente
“Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación, ni delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues había visto el contenido de la tarjeta, y la tenía en su poder, por eso, probablemente, meses después se la devolvió a su propietaria inservible; porque sabía que ella era el origen de la publicación”, dice el juez en otro momento de su exposición. Se refiere a otro de los delitos que achaca a Iglesias y que tiene que ver con los daños informáticos sobre el dispositivo.
Daños informáticos
El juez admite que no ha habido forma de esclarecer exactamente quién y cómo se dañó la tarjeta, pero apela a la “lógica” cuando dice que Iglesias la recibió en buen estado de manos del Grupo Zeta y se la entregó ya inservible a Bousselham. Se basa en que la expareja de esta asesora tuvo que mandar la SIM a Gales a una empresa de recuperación de dispositivos electrónicos. No lograron acceder al contenido.
El juez no se cree el cambio de versión ofrecido por Bousselham. Primero dijo que la tarjeta estaba dañada y luego que llegó a acceder a su contenido y después se estropeó. Tanto Bousselham como su expareja están incluidos en el escrito como responsables de falso testimonio.
Ahora el Tribunal Supremo tendrá que pedir opinión a la Fiscalía antes de decidir si abre o no una causa por estos hechos. En ese sentido, el juez recuerda que los investigadores de anticorrupción pidieron que se citase a declarar a los policías que habían hecho un informe pericial sobre los daños de la tarjeta. Apunta el magistrado que esa diligencia ha quedado pendiente después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligase a desprenderse de la parte de la investigación que afectaba a Pablo Iglesias.
“Es sobre la base de estas premisas cuando se entiende la consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”, zanja el magistrado. Ha tenido en cuenta para su relato el testimonio que prestó el abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos en diciembre de 2019 bajo la acusación de acoso sexual que archivó la Justicia. El juez califica de "minuciosa" la explicación de este testigo, que tachó de "montaje" la estrategia de Podemos.
