Unidas Podemos ha pedido este lunes a primera hora de la mañana que la Justicia europea intervenga en relación al pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se celebra este lunes para decidir si frena la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, informa EFE.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha anunciado en un comunicado, con fecha de hoy, lunes, que registraría, por tanto, un escrito dirigido al TC de solicitud de presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida sobre una serie de cuestiones "prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes".
Asimismo, ha solicitado que establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez (presidente) y Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático "por falta de imparcialidad", y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
La formación 'morada' ha puesto de relieve en este sentido que la principal cuestión de prejudicialidad radica en conocer si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no”.
Entre otras razones, agrega, “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Por tanto, Podemos ha subrayado que todo esto afecta directamente a los citados magistrados y "a la vulneración del principio de imparcialidad que Unidas Podemos considera que pueden cometer".
La semana pasada ya solicitaron que ambos fueran apartados.
Documento firmado por Asens, Guijarro, Echenique y Santiago
El escrito que han registrado "a primerísima hora de hoy" lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del citado grupo.
Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deje "meridianamente claro" cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en concreto en el Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.
El Constitucional resuelve este lunes si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, decisión que pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional.
PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación.
La votación de las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar las leyes orgánicas del CGPJ y del TC para desbloquear la renovación de este último (presentadas a la proposición de ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación) pudo celebrarse el jueves en el Congreso ante el aplazamiento del pleno del TC.
El jueves se sorteó el choque con el Congreso, pero esta semana la iniciativa, recurrida por el PP, se tramita en el Senado.
Reforma del CGPJ y el Tribunal Constitucional
PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación y los populares recurrieron al tribunal de garantías, al que pidió adoptar medidas cautelarísimas para frenar esos cambios de última hora.
El pasado viernes el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la citada proposición de ley del PSOE y Podemos.
En este escrito el GPP adjuntaba el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían “no tener una conexión material”, además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley.
Asimismo, señalan que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir las citadas enmiendas.
El GPP puso de relieve también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar".
El PSOE considera, en sus escritos de alegaciones presentados ante el Tribunal Constitucional, que en el caso de acceder a las medidas cautelares pedidas por el PP y Vox, "se perturba el funcionamiento de las Cortes Generales y se violenta los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".
En uno de los escritos, a los que ha tenido acceso EFE, el PSOE se adhiere a la recusación de dos magistrados, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que pidió Unidas Podemos. Plantea la misma porque podría verse comprometida "su imparcialidad".
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