La confección del programa electoral o ideario que Podemos llevará a próximos comicios genera un intenso debate en sus bases. El partido de Pablo Iglesias quiere que sus simpatizantes participen activamente en la elaboración del mismo mediante la reflexión y el intercambio de opiniones dentro los círculos (agrupaciones) y en las redes sociales. Para tal fin ha habilitado plataformas online, como por ejemplo Plaza Podemos, donde los ciudadanos intercambian sus pareceres a modo de brainstorming (torbellino de ideas). Entre las propuestas planteadas en los últimos días se encuentra la implantación en España de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga el Gobierno argentino.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha el 1 de noviembre de 2009 el programa AUH concebido como "un beneficio que corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil", según lo define la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Consiste en el pago mensual de 644 pesos para niños menores de 18 años y de 2.100 pesos para chicos discapacitados sin límite de edad. La AUH se da hasta el quinto hijo.
Con esta medida, según dicho organismo, "el Estado busca asegurarse de que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio", siendo requisitos "indispensables" para cobrarla. Actualmente, el Gobierno argentino cifra en más de 3,5 millones los niños y adolescentes que se benefician de esta asignación.
Los defensores explican que "como la AUH es universal, los padres que son empresarios y ganan mucho dinero, son alcanzados por un impuesto similar al IRPF"
Entre los simpatizantes de Podemos, la medida ha recibido apoyos, pero también opiniones menos partidarias de su ejecución en España. Hay quienes defienden la iniciativa como "un derecho establecido para todos los niños, tanto para padres que no tienen trabajo como para millonarios". Explican así que "como es universal, los padres que son empresarios, directivos, profesionales, que ganan mucho dinero, son alcanzados por el impuesto a las ganancias, algo similar al IRPF español; esos padres que deben abonar el impuesto, deducen lo que debería recibir sus hijos", apuntan.
Por contra, existen voces para las que "la solución no es dar dinero por hijos". De este modo, sostienen que la cuestión pasa por conseguir que "tanto tener un hijo como llevarlo adelante no sea un enorme sacrificio". Reclaman así que "todo lo relacionado con la crianza, salud y educación de los hijos sea accesible y barato para todos".
El 8% de lo que gasta en pensiones la Seguridad Social
Quienes defienden una AUH española replican --esgrimiéndolo como uno de sus principales argumentos-- que el propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomendó al Gobierno de Mariano Rajoy lanzar un plan similar al programa argentino. En concreto, Unicef pidió una ayuda universal por hijo a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) con el propósito de poner mayor esfuerzo en la lucha contra la pobreza infantil de este país.
Según los cálculos del organismo de la ONU, la medida tendría un coste de 9.400 millones de euros anuales para las arcas del Estado. El responsable de Políticas de Infancia de Unicef Comité Español, Gabriel González Bueno, aseguró que si bien se trata de una cuantía elevada, "sólo supone el 8% del gasto en pensiones que efectúa la Seguridad Social". Por su parte, el presidente de Unicef Comité Español, Carmelo Angulo, recalcó que dicho importe no sólo permitiría combatir la pobreza, "sino que contribuiría también a reconocer el esfuerzo que las familias hacen para sacar a sus hijos adelante".
El estudio en que Unicef basa su petición señala que el número de familias con hijos y padres desempleados en España ha aumentado un 290% en seis años. En este sentido, indica que prácticamente una de cada cuatro familias con uno o dos hijos son pobres. Lo mismo ocurre con cerca de la mitad que tiene tres hijos. El organismo precisa que el gasto en protección a los menores de este país es de 270 euros por habitante al año, una cifra "muy alejada de los 510 euros al año del promedio europeo".
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