Uno de los temas sensibles a debatir por la Asamblea Sí se puede, que Podemos celebrará este fin de semana, será la postura del partido sobre el desafío secesionista lanzado por el Gobierno de Cataluña y sus socios (ERC, ICV-EUiA y CUP). Hasta el momento, la línea defendida por la formación de Pablo Iglesias ha sido la de reclamar el derecho a decidir como un "ejercicio de democracia", pero sin mostrarse a favor de la independencia. "Soy español y me encantaría construir un país con catalanes y vascos, pero yo no soy nadie para decir qué tienen que votar los ciudadanos", sentenció Iglesias el pasado junio, marcando así estrategia. Ahora toca revisar este planteamiento y someterlo al refrendo de la militancia en el cónclave fundacional de los próximos 18 y 19 de octubre.
Este asunto, que genera disparidad de opiniones entre los simpatizantes de la formación, podrá ser recogido bien en el borrador político (también habrá uno organizativo y otro ético) o bien en una de las 20 resoluciones que saldrán aprobadas de esta cita. Desde el círculo (agrupación de base) de Barcelona fue difundida este lunes una propuesta de resolución donde se afirma que "el derecho a decidir de Catalunya es inalienable" y que "el pueblo tiene el derecho de mantener su consulta a pesar de los intentos de impedirlo".
Así, el texto sostiene que "el Estado español está atravesando una crisis que va más allá de la deslegitimación de sus élites políticas y que afecta a componentes centrales del sistema político y la institucionalidad, de la articulación territorial del Estado, del modelo de desarrollo y el equilibrio entre grupos sociales bajo la primacía de los sectores dominantes". Por ello, sus promotores, que suscriben así la tesis oficialista del partido, recalcan que "el Estado central ni con Zapatero ni Rajoy han respondido a las reivindicaciones democráticas del pueblo de Catalunya".
El círculo de Podemos Barcelona elude pronunciarse a favor de la independencia porque "como partido nuestras fuerzas todavía están en construcción"
En este contexto, desde el círculo de Barcelona llaman a las bases a cumplir con una "doble obligación": en primer lugar, evitar que "ninguna ley salida de este régimen" soslaye estos "derechos democráticos" ni "mucho menos unos jueces elegidos por el PP que representan los valores del régimen franquista en el terreno de la democracia territorial en España". En segundo lugar, y en paralelo, apelan a "ponernos claramente del lado de los ciudadanos de Catalunya", ya que "si el Gobierno central consigue derrotar al pueblo de Catalunya, será un primer paso para la recuperación política del régimen". Un mensaje con la vista puesta en las elecciones generales del próximo año.
Sin embargo, el texto no entra en la apuesta por la independencia y zanja que "no podemos ir más lejos, ya que como partido nuestras fuerzas todavía están en construcción". Se limitan así a "apoyar de forma global el derecho a mantener la consulta" que estaba fijada para el próximo 9 de noviembre. Esta consulta ya no será referendaria y quedará sólo como un sondeo popular después de que la Generalitat renunciara anoche a celebrarla en los términos del decreto firmado el pasado 28 de septiembre.
Frente a este posicionamiento, que coincide con el del grupo promotor de Podemos liderado por Pablo Iglesias, se encuentra una corriente que no cree adecuado apoyar el derecho a decidir según lo plantea el presidente de la Generalitat, Artur Mas. En concreto, hay quienes consideran que "cuando de verdad acabemos con la tiranía que nos oprime y España viva libre de la aristocracia que la aniquila, entonces será el momentos de decidir". Denuncian así, en alusión a Convergència i Unió (CiU), que "la casta catalana dirige y capitaliza el proceso".
En este sentido, emergen voces que entienden que dicho proceso parte "viciado por la catadura de muchos de sus dirigentes y partidos implicados". "Podemos no debe caer en el puro seguidismo de la casta gobernante en Cataluña", enfatizan en Plaza Podemos, la herramienta online habilitada por el partido para el debate interno.
Esta visión aparece reflejada en buena medida en una propuesta de resolución elaborada para la Asamblea Constituyente bajo el título Derecho a decidir como libre determinación de los pueblos. Está firmada por Enric Martínez Herrera y Thomas J. Miley, profesores en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), así como por Ángela Herrero, Antonio-F. Ordóñez y Miguel Ángel Cabrera Hidalgo. Para su presentación ha contado con el aval del círculo Podemos Intercultural. El texto de esta ponencia señala que el denominado derecho a decidir es "una invención reciente del nacionalismo conservador" y "forma parte de una operación de la maquinaria propagandística del independentismo catalán".
Asimismo, el documento de Enric Martínez critica que en los últimos dos años los partidos nacionalistas, "la mayor parte de los medios de comunicación en Cataluña" y las plataformas civiles Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural hayan recurrido a la estrategia de "priorizar el elemento democrático sobre otras consideraciones". La propuesta añade que dicha estrategia "se nutre de fondos públicos y enmascara su fin último: proseguir con la 'construcción nacionalista catalana' que, en el peor de los casos, alcanzará mayores cotas de poder".
Contra la 'desobediencia civil' de Junqueras
Además, la ponencia pide reafirmar que "Podemos no propone, ni tampoco aprueba, la aplicación de métodos de desobediencia civil por la no celebración de un referéndum o consulta popular acerca de la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014". Considera que la desobediencia civil que fue aireada por el socio de Mas, Oriol Junqueras, líder de ERC, sería más bien "sedición, que está penada en los códigos penales de todos los países de nuestro entorno".
En definitiva, en una interpretación más amplia, esta iniciativa aboga por el ejercicio del "derecho a la libre determinación de los pueblos proclamado por la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo pueblos colonizados, estados soberanos preexistentes que han padecido una anexión por otro Estado, así como minorías etnoculturales que sufren violaciones de los derechos humanos por parte del Estado al que están sujetas".
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