Podemos se regocija con el argumentario del PSOE. Los morados, según ha sabido este diario, se jactan ahora de que su socio en Moncloa vea "fachas con toga" en la investigación abierta por la Audiencia Nacional a Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en plenas negociaciones con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
Los de Ione Belarra fueron los primeros que utilizaron esa expresión, cuando los magistrados, en interpretación de la ley del solo sí es sí, comenzaron a rebajar las penas de los condenados por delitos sexuales. Entonces, el PSOE recriminó a Podemos ese lenguaje. La ministra de Justicia, Pilar Llop, fue especialmente crítica con los morados.
Por eso, que ahora Moncloa deslice que hay una injerencia de la derecha judicial en el proceso de investidura de Sánchez tiene mucha gracia para los morados. Cuando estallaron las consecuencias de la polémica ley, una parte del Gobierno, la que encarna Podemos, mantuvo su ataque frontal a la magistratura, a la que acusó abiertamente de "machista". Mientras que el lado socialista se abrió a retocar la norma para no enfrentarse a los togados.
Ahí están los hechos para su análisis
"Saben que desde esta mesa no debo omitir opiniones políticas sobre decisiones judiciales. Ahí están los hechos para su análisis, para que los puedan analizar. Una causa que se lleva instruyendo cuatro años... y que, además vemos que hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos como es el caso de la Fiscalía. Desde aquí no emitiré ningún juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, son respetadas por el Gobierno de España", dijo la ministra portavoz en funciones, quien con su alusión a los cuatro años que lleva abierta la causa dio a entender que no es una casualidad que la Audiencia Nacional imputara este lunes al expresidente catalán y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en plenas negociaciones sobre el alcance de una hipotética ley de amnistía.
En Ferraz también están instalados en la tesis de la injerencia judicial. Fuentes socialistas consultadas por este diario lamentan que la Justicia sirva a intereses políticos y ven clara la conexión entre la imputación y el momento político que vive el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien su investidura se le está complicando a pasos agigantados. Lo cierto es que el candidato socialista no puede trasladar certeza alguna a Puigdemont de que no será detenido pese a la amnistía, porque los supuestos delitos de terrorismo complican la aplicación de la amnistía sobre los hechos del 1 de octubre y del procés.
Mientras, el exlíder de Podemos Pablo Igesias ahonda en el asunto de las togas de derechas: "Un juez me dijo una vez que para joder a un juez hacen falta muchos jueces. Le llamé ayer para preguntarle una duda: ¿Qué pasa, que en España los hijos de los magistrados ya no pueden irse de putas tranquilamente? ¿Los pijos ya no pueden violar putas? ¿Qué está pasando en España? Ten cuidado, Iglesias, me dijo y me advirtió: es raro que en España se ordene el registro de la casa del hijo del presidente del TC porque una mujer llegue a una comisaría a presentar una denuncia. Esto es España, como bien sabes. ¿Ajuste de cuentas entre magistrados cayetanos y magistrados progres? le pregunto. Yo no te he dicho nada, pero esto me huele mal, me dice. ¿Sabes qué te digo? -le contesto- que me da igual. Cuando se trata de perjudicar a Irene Montero no hay diferencia entre magistrados cayetanos y magistrados progres. Así que con su pan se lo coman los jueces del PSOE y del PP. Putas y togas, podría llamarse la próxima serie de Sorogoyen", escribió en su columna en Ara, el diario de referencia del independentismo.
Precisamente Iglesias y otros ex altos cargos morados emprendieron hace unos días una cacería contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; contra el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y contra la vicepresidenta segunda y jefa de Sumar Yolanda Díaz. Los de Ione Belarra se están encargando de romper todos los puentes con Sumar en previsión de una repetición electoral el 14 de enero si Pedro Sánchez no logra los siete votos de Junts para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.
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