La extrabajadora de Podemos purgada en Valencia tuvo que recibir “tratamiento médico y psicológico” durante los meses en los que el partido quiso alejarla después de apoyar a la candidata opositora del pablismo. La nueva dirección regional, capitaneada por Pilar Lima, la acusó de tener “mala fe” y la aisló en los equipos de trabajos para forzarla a un cese voluntario. La trabajadora resistió y, después de acusar al partido de “persecución”, “represalia política” y “machismo”, según la demanda que desvela Vozpópuli, ha logrado una indemnización por “acoso” en el ámbito laboral.
En las veinte páginas de la denuncia se desgranan punto por punto todas las situaciones en las que se vio involucrada esa extrabajadora. La afectada habla con claridad de “acoso laboral” y acusa de "ha minado" su "salud". Además, responde con contundencia a una de las acusaciones del partido, que vincula sus supuestas malas prácticas profesionales con la relación sentimental que mantenía con otro trabajador de Podemos.
Para la defensa eso “supone una actitud machista”. “Mi representada puede actuar de manera independiente pese a los vínculos afectivos, lo contrario es una actitud machista que presupone su dependencia de un hombre en los actos que realiza”, zanja el documento al que ha tenido acceso este diario.
"Actitud machista"
La demanda se centra en otro punto de la acusación de Podemos, que argumenta que la trabajadora no contestó en tiempo y forma a una petición de sus superiores. Todo ocurrió a lo largo de un fin de semana, y según la defensa la empleada llegó a interrumpir su descanso (“estaba de vacaciones”) para buscar una solución de inmediato. “Pese a todo ello, ahora lo emplea la misma empresa para considerar su desvelo como una infracción sancionable con el despido”, recoge la demanda.
Otro elemento de la acusación de Podemos atañe al hecho de que la trabajadora tardó “cuatro horas” en borrar elementos en las redes sociales tras una orden de sus jefes. La defensa califica de “rotundamente falsa” la acusación y sostiene que el partido maniobró con "claro afán de preparar el terreno para el despido”.
Aislada y bajo presión
La demanda relata los últimos meses de trabajo después de las primarias de 2020, en las que Naiara Davó perdió la votación frente a Lima, afín a la dirección nacional. El proceso electoral se cerró con un puñado de votos de diferencia (treinta preferencias) y fue muy cuestionado. Uno de los interventores se negó a firmar los papeles, mientras que en la militancia se difundió la sospecha de pucherazo, al igual que ocurrió en La Rioja y Cataluña.
La extrabajadora de Podemos apoyó a la candidata perdedora, lo que en opinión de su entorno la condenó al ostracismo y a un despido improcedente. Durante los últimos meses de trabajo, la afectada sufrió “perjuicio moral” a causa de “presiones”. Se la privó de acceso a las herramientas del trabajo; recibía llamadas fuera de la jornada laboral y encargos en los fines de semana para “buscar doblegarla” y que fuera ella quien cediese. A causa de las presiones, tuvo que recibir tratamiento médico y psicológico, que alegó en su demanda y ante el cual Podemos reculó.
"Persecución política" contra los críticos
La purga en Valencia tuvo como finalidad silenciar a la candidata de las primarias (Naiara Davó) considerada crítica con la dirección de Iglesias. Y por ello perdieron el empleo casi todos los que formaban parte del equipo de redes y otros del grupo parlamentario. Podemos intentó argumentar su despido con faltas de cumplimiento, “mala fe” y hasta “desobediencia”. La trabajadora, sin embargo, contrariamente a lo que esperaba la formación morada, no se achantó y decidió demandar al partido.
La demanda recoge elementos como la “represalia política por discrepancia ideológica” y “vulneración de los derechos fundamentales”. “Es de destacar que este lamentable comportamiento de la formación política ya ha sido empleado con anterioridad, efectuando purgas de trabajadores que han concurrido a cargos públicos y no han resultados vencedores”, señala.
Tras recibir la demanda, el equipo legal de Podemos en la Comunitat Valenciana ignoró los requerimientos de la afectada. Pero ante la amenaza de un juicio con testigos y un gran revuelo mediático acordó una indemnización de 8.000 euros. El caso tiene un enorme valor procesal porque otros siete trabajadores han padecido una situación semejante, y muchos de ellos han elevado el asunto a los tribunales. De hecho, la demanda habla explícitamente de “persecución política sobre la corriente liderada por Naiara Davó, resultando inédito que se censure por parte del propio Podemos un artículo escrito por una diputada de esa formación política”.
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