El conflicto que desde hace meses enfrenta al Poder Judicial con el Gobierno y el Congreso de los Diputados redujo varios tonos este miércoles tras el pleno extraordinario celebrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Encima de la mesa estaba el debate sobre si se acudía al Tribunal Constitucional para frenar la reforma impulsada por el Ejecutivo para limitar sus competencias mientras sigan en funciones. El bloque conservador, el mayoritario en el órgano de gobierno de los jueces, votó dividido y la propuesta no salió adelante.
Lo que se discutía era si se planteaba ante el máximo garante constitucional un conflicto de atribuciones por la reforma que les impide seguir nombrando jueces al estar en funciones (desde diciembre de 2018). Esa situación no ha impedido que durante más de dos años el CGPJ haya seguido nombrando plazas clave en la carrera, la mayoría con grandes consensos entre las distintas sensibilidades que integran en órgano. De nada sirvió que el Gobierno manifestase públicamente su rechazo ni que el bloque progresista se dividiera entre los favorables a seguir nombrando y los que dejaron de votar las designaciones. La entrada en vigor de la Ley 4/2021 impulsada por PSOE y Unidas Podemos les impedía seguir haciéndolo.
El conflicto de atribuciones es una opción recogida en la Ley de Orgánica del Tribunal Constitucional pero que tan solo cuenta con un precedente para el que es necesario remontarse a la década de los ochenta. No es habitual que se recurra a él, debe ir bien fundamentado y había miembros del bloque conservador que llegaban al Pleno con serias dudas de que fuera la vía adecuada. A su juicio, el Congreso no se estaba atribuyendo la potestad de nombrar jueces.
Los ocho vocales
Ya la semana pasada un grupo de cinco vocales del CGPJ quisieron discutir esta cuestión, pero se acordó volver a reunirse una vez presentasen una propuesta formal. Había cierta urgencia porque este viernes expiraba el plazo legalmente establecido para poder acudir al TC tras la aprobación de la Ley. Finalmente han sido ocho los vocales que han respaldado el conflicto de atribuciones, todos ellos nombrados en su día por el PP para integrar el CGPJ: Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona
El órgano de gobierno de los jueces lo integran 21 miembros contando con el presidente, Carlos Lesmes. Es decir, no han llegado ni a la mitad. Los vocales también designados en su día por el PP José María Macías, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte no han apoyado a estos sus compañeros. El vocal José María Macías ha emitido un voto particular concurrente en el que deja claro su rechazo a la reforma, la considera inconstitucional, pero defiende que el conflicto de atribuciones no es el camino.
La oposición del Consejo, las críticas de las asociaciones de jueces y principalmente las advertencias de las autoridades europeas llevaron al Gobierno a retirar definitivamente su plan inicial para el CGPJ. Pasaba por hacer una reforma todavía más profunda que permitiese acometer su renovación sin necesidad de contar con los tres quintos del Congreso de los Diputados como se lleva haciendo décadas.
Por otro lado, existe la impresión de que populares y socialistas retomarán sus negociaciones para renovar el CGPJ cuando pasen las elecciones en Madrid. Hace ya semanas estuvieron cerca del pacto en una negociación que incluía otras instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE.
El Pleno del CGPJ también ha desestimado, asimismo por 13 votos a ocho, la propuesta planteada por los mismos vocales de dirigir una petición al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley. Queda la opción de que lo haga algún grupo parlamentario.
Por último, el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por 17 votos a favor, tres en contra –los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y uno en blanco –Roser Bach- la contestación a las preguntas remitidas por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.
