El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido su "legitimidad democrática" ante las críticas de politización efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). En su último informe, publicado en junio de 2019, el órgano del Consejo de Europa reiteró su opinión de que las autoridades políticas no debían participar, en ningún momento, en el proceso de selección de los vocales del turno judicial.
Este viernes, la Comisión Permanente ha aprobado la respuesta-informe que el Ministerio de Justicia presentará ante el GRECO. En el texto ha insistido en que la metodología de nombramiento "queda situada fuera de las competencias y funciones del CGPJ, ya que solo con una reforma legal puede variarse el sistema vigente". Y ha subrayado la legitimidad democrática del método de elección de sus miembros y la transparencia del proceso de nombramiento de cargos judiciales.
“La actual composición del CGPJ es fruto de un acuerdo parlamentario adoptado por más del noventa por ciento de sus miembros, no siendo baladí la presencia de muchas fuerzas políticas en ambas Cámaras; y el sistema de elección de los vocales puede ser susceptible de cambios, pero es incuestionable desde un punto de vista de legitimidad democrática”, han defendido los miembros de la Comisión Permanente.
La respuesta tiene lugar en un Poder Judicial en funciones. Desde diciembre de 2018 está pendiente la renovación de 20 vocales: 11 miembros propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU y uno por el PNV. A ellos se suma el presidente Carlos Lesmes, considerado del ala conservadora. Este reparto deriva en una correlación de fuerzas que no refleja el actual arco parlamentario, a cargo de acordar la ejecutiva del Poder Judicial. De ahí el bloqueo en la negociación entre el Gobierno -interesado en avanzar- y el PP -que ha mostrado su negativa-. Ante la falta de acción de los partidos, los propios magistrados han movido ficha.
"Máxima transparencia"
En el informe del Poder Judicial remitido al departamento dirigido por Juan Carlos Campo constan las dos recomendaciones pendientes sobre prevención de la corrupción respecto a los jueces. La primera de ellas sobre la realización de una evaluación del marco legislativo que rige el CGPJ y de los efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente.
La segunda recomendación emitida por el órgano del Consejo de Europa responde a la ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para la designación de altos cargos judiciales, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. El Poder Judicial ha asegurado en su informe que todo el proceso de nombramiento para cargos de carácter discrecional en el seno de la Carrera Judicial "goza de la máxima
transparencia, estando amparado en la legitimidad democrática del que está dotado el Consejo General del Poder Judicial en atención a la designación de sus miembros por parte de las Cámaras Legislativas, órganos que representan al pueblo español, que es en quien reside la soberanía”.
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