El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha descartado este miércoles, por mayoría de 13 votos a ocho, acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Congreso por la reforma legal que le prohíbe hacer nombramientos mientras está en funciones.
Con la misma mayoría, ha rechazado en una reunión extraordinaria la propuesta de ocho vocales de pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para recortar sus competencias y presionar así al PP a negociar la renovación de este organismo.
El CGPJ lleva ya más de dos años y cinco meses en funciones ante la incapacidad del PSOE y el PP de cerrar un pacto para elegir a los nuevos vocales; y su acuerdo es necesario ya que la ley exige que la renovación esté respaldada por una mayoría de tres quintos del Parlamento.
Petición del sector conservador
Ocho vocales del denominado sector conservador pidieron la celebración de este pleno extraordinario para tomar medidas ante el recorte de competencias en funciones, al considerar que el Congreso se había arrogado atribuciones del CGPJ y que se había vulnerado la independencia judicial.
Pero la mayoría de los miembros de este órgano han rechazado acudir al Tribunal Constitucional.
Debaten también en esta reunión cómo explicar la reforma a la Comisión Europea (CE), que, como hace habitualmente, les ha remitido un cuestionario para evaluar el Estado de derecho en España.
La semana pasada la vicepresidenta de la CE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CPGJ mientras esté en funciones entra dentro del Estado de derecho.
Fue muy crítica sin embargo con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ y que podría haber dejado al PP fuera de las negociaciones.
Tras los primeros recelos de Bruselas el Gobierno había dejado congelados esos cambios, pero la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley tras reunirse con Jourová.
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