Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se han presentado este miércoles en el domicilio del que fuera jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano para requerirle documental relativa al caso Villarejo. El juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los encargos del comisario jubilado ha autorizado esta diligencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción que buscaba documental de los contratos firmados con el entramado del comisario.
Se trata de una actuación que se produce un día después de que el exdirector de seguridad del banco hasta 2018 compareciera en la Audiencia Nacional. Corrochano declaró por primera vez en estas diligencias pese a ser uno de los primeros imputados por la docena de contratos que se firmaron entre 2004 y 2017 entre el Grupo Cenyt y el BBVA. El exdirectivo solo respondió a las preguntas de su abogada, guardando silencio ante los fiscales Anticorrupción y el magistrado Joaquín Gadea.
Esta ausencia de explicaciones motivó la petición por parte del Ministerio Fiscal del requerimiento de documentación. La diligencia se ha llevado a cabo en su domicilio, tal y como avanza El Confidencial y confirman fuentes jurídicas a este diario, aunque los agentes solo se han incautado de un documento. Las mismas fuentes determinan que no se ha tratado de una entrada y registro, sino de un requerimiento concreto de documental relacionada con los contratos del comisario jubilado.
El banco siempre señaló al exjefe de seguridad como el nexo de unión con Villarejo. El forensic interno que la defensa legal del BBVA encargó a PWC para depurar responsabilidades, le identificó como la persona que firmó casi la totalidad de los contratos de espionaje firmados con Cenyt. La Fiscalía Anticorrupción, en su primera comparecencia ante el juez, le atribuyó, además, el presunto cobro de dádivas y regalos en calidad de intermediario entre el banco y Villarejo.
Sin embargo, en su primera declaración judicial Corrochano se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Dos años después, en octubre, su defensa remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que explicaba que las contrataciones se produjeron por órdenes de la entonces cúpula de la entidad, presidida entonces por Francisco González.
Declaración de 20 minutos
El magistrado consideró pertinente que explicase sus premisas en sede judicial y le citó para el 21 de diciembre junto con el exCeo Ángel Cano. El que fuera consejero delegado de la entidad compareció primero y delegó las contrataciones con Villarejo en el departamento de seguridad. Según dijo, Corrochano gestionó estos asuntos y los despachó con el entonces presidente. De ambos dijo que tenían una interlocución fluida y que la petición de contratar con un proveedor surgió inicialmente del propio González.
Cuando llegó su turno, Corrochano avanzó que iba a responder únicamente a preguntas de su defensa letrada por problemas médicos. Su comparecencia apenas se alargó 20 minutos y en ella reiteró lo plasmado en su escrito remitido al juzgado. Según dijo, el departamento de seguridad que él dirigió se dedicaba a identificar las "amenazas" que afrontaba el BBVA y su trabajo era tomar las medidas necesarias para evitar los riesgos y garantizar la seguridad. Al respecto aseguró que su área se debía considerar como una unidad de apoyo para el resto.
"¿El encargo le vino de sus superiores?", preguntó su abogada. "Claro, directamente del presidente", respondió el exdirectivo, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio. Se refirió al primero de los proyectos que BBVA ordenó al entramado de Villarejo y que el policía bautizó como Trampa. El objetivo del mismo era espiar a Luis del Rivero (entonces presidente de Sacyr) ante el intento de OPA de la constructora al capital del banco. El propio González, que siempre ha negado vínculo alguno con Villarejo así como que ordenase su contratación, explicó en su interrogatorio en octubre de 2019 que la situación era especialmente delicada.
Petición de facturas
Por su parte Del Rivero -que figura en esta pieza novena del caso Tándem como perjudicado- acaba de remitir un escrito al juzgado en el que abre la veda a que se incluya el delito de organización criminal en estas pesquisas. El empresario murciano explica que la magnitud de esta investigación, los pagos internacionales del entramado, la continuidad en el tiempo y el amplio número de personas que formaron parte de esta red permitirían acusar por este tipo penal.
Con todo, no es el único que ha propuesto diligencias recientemente. El propio Corrochano, antes de declarar en sede judicial, presentó un escrito en el que adjuntaba sus movimientos bancarios entre septiembre de 2002 y febrero de 2019. Del mismo modo también solicitó que se requiriera al banco para que aportase el número total de facturas que se emitieron los años que se contrató a Villarejo indicando el porcentaje concreto que dependían del departamento de seguridad.
Pese a ello, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha ordenado este miércoles que se le requiera a él documental que todavía podría conservar en su domicilio y que serviría para arrojar algo más de luz a esta investigación. Cabe recordar que otro de los perjudicados por los espionajes de Villarejo, Luis Pineda, ya solicitó el pasado mes de marzo que se autorizase una entrada y registro en su casa después de que su sucesora en el departamento de seguridad, Inés Díaz Ochagavia, apuntara a la existencia de más documental sobre los encargos de Villarejo que el BBVA no habría entregado al juzgado.
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