La detención de 16 inmigrantes irregulares en el aeropuerto de Manises (Valencia), dos de ellos contagiados por coronavirus, no ha pillado por sorpresa a la Policía. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia emitió el pasado día 4 de diciembre una batería de instrucciones operativas entre sus agentes ante la llegada de siete aviones procedentes de Canarias.
El documento, de dos páginas, insta a los funcionarios a que diferencien entre aquellos inmigrantes que llegan con una solicitud de asilo -y, por tanto, con protección en su desplazamiento- y aquellos que no la tienen. Un dispositivo que ha propiciado esa cifra de detenciones. Interior asevera que su función no es la "gestión" ni "organización" de ningún vuelo para los traslados; el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, por su parte, niega que haya aprobado ninguna reubicación en fechas recientes.
La instrucción operativa está fechada en el pasado 4 de diciembre de 2020, y en ella ya se pide un apoyo policial en el aeropuerto de Manises "con una dotación de dos funcionarios, en la gestión de los vuelos referenciados". En concreto, siete aviones procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote que aterrizarían en Valencia entre el 4 y el 11 de diciembre. Para el primero de esos vuelos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras designó un oficial y dos policías; para el resto de traslados, sólo dos policías.
La instrucción operativa se desarrolla "en cumplimiento al oficio de la JSP [Jefatura Superior de Policía] de la Comunidad Valenciana, de fecha 03/12/2020". En el protocolo establecido, los agentes deben diferenciar entre dos tipos de viajeros: los que tengan una solicitud de asilo -se insta a los funcionarios a hacer una fotocopia del justificante para acreditar su condición- y los que no tienen "ningún tipo de trámite grabado en Adexttra [Registro Central de Extranjeros]. A estos últimos "se procederá a entregarles una citación".
El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla todos los pormenores del dispositivo para los agentes en el aeropuerto de Manises: "Prestarán servicio de uniforme, saldrán desde las dependencias de la BPEF [Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras], donde se les asignará un vehículo para el desplazamiento hasta el aeropuerto, donde deberán estar como mínimo 30 minutos antes de la llegada de los vuelos". En uno de esos vuelos, la Policía ha detenido a 16 inmigrantes, dos de ellos con positivo por coronavirus.
La polémica de los traslados
La instrucción llega poco después de la polémica desencadenada por el aterrizaje de un avión en Granada que, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), iba cargado de inmigrantes y sobre el que ponía en duda el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada arremetían contra el Gobierno por la "deslealtad" que suponía la llegada de estas personas sin previo aviso. Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran no tener ningún conocimiento sobre su paradero.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en un viaje reciente a Rabat que no permitiría el traslado de inmigrantes desde Canarias en la Península para evitar que las islas se conviertan en un punto de entrada desde África a la Unión Europea. Fuentes de su departamento afirman que hay una excepción para aquellas personas que formen parte de colectivos vulnerables; bajo esa premisa se han reubicado más de 2.000 personas desde las islas en lo que va de año.
En un comunicado difundido este jueves a los medios, Interior afirma que "no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península": "Ni lo ha hecho en el pasado ni lo hace en la actualidad".
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, encargado de la gestión del sistema de acogida para estos colectivos, se desvinculó por completo del vuelo a Granada: "[Este Ministerio] no ha llevado a cabo ningún traslado en los últimos días y por lo tanto, estas personas no son usuarias del sistema de Atención Humanitaria".
La instrucción emitida por la Policía pone en entredicho que no se haya gestionado ningún traslado bajo esta premisa en los últimos días: siete vuelos en Manises procedentes de Canarias que requirieron el apoyo de los agentes de la autoridad para determinar si los inmigrantes a bordo formaban parte de ese sistema de acogida.
Críticas policiales
Las imágenes de Granada también han levantado una polvareda en el seno de la Policía Nacional, según afirma el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Dicho sindicato ha remitido sendas cartas a los ministros de Interior y de Inclusión para que esclarezcan las circunstancias en las que se llevan a cabo las reubicaciones y si ha habido algún cambio en la política migratoria del Gobierno. También ha pedido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno su respaldo para "acceder a los datos sobre los vuelos".
Entre otros datos, piden "el número total de migrantes ilegales desplazados desde Canarias a la Península", en cuántos vuelos han llegado, sus nacionalidades, cuál es la autoridad gubernativa que ha autorizado "la salida de esos ciudadanos en situación irregular" y "cómo se ha acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico de la covid-19 se han aplicado debidamente" para garantizar la seguridad sanitaria de estos vuelos.
