La Policía Nacional sigue en alerta por la trama del voto por correo en Melilla. La rápida actuación de los investigadores impidió lo que podría haber sido un fraude electoral en la ciudad autónoma. De la misma forma siguen vigilando para que las actuaciones de esta organización no prosigan de cara a las elecciones generales. Por el momento, los agentes no han recogido indicios que inviten a pensar que se comprarán sufragios a distancia en los comicios de julio, según informan fuentes policiales a Vozpópuli, si bien se mantienen vigilantes para evitar que pueda darse un episodio similar.
El escenario político en Melilla ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. La derrota electoral de Coalición por Melilla (CPM) ha supuesto un duro golpe a la formación que también ha sufrido un impacto importante en su fuente de financiación. Por el momento no han anunciado si se presentarán a las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Además, el adelanto de los comicios ha roto los planes del partido. El presidente de la formación Mustafá Aberchán pensaba presentar su candidatura para entrar en el Congreso de los Diputados. La nueva fecha le impide este deseo ya que su condena por inhabilitación por fraude electoral termina en agosto.
Con todos estos detalles en el tablero de Melilla, la Policía Nacional sigue en alerta por si la trama de la compra del voto por correo decide continuar con sus acciones criminales. Los agentes, con la colaboración de la Guardia Civil, siguen realizando vigilancias en las zonas donde se captaron a los votantes.
Estos puntos son La Cañada o el Príncipe, las ubicaciones con mayor conflictividad de la ciudad donde la organización criminal se aprovechaba de las familias más vulnerables y de las personas con mayor desarraigo para ejercer su derecho al voto. Las pesquisas que están desarrollando, de momento, no invitan a pensar que la trama pueda volver a actuar.
Sin embargo, la alerta proseguirá hasta el próximo 13 de julio, que es la fecha límite para presentar el voto en las oficinas de Correos. La decisión de la Junta Electoral Central de no pedir el DNI podría suponer un aliciente para estos delincuentes, lamentan fuentes policiales.
Todo ello sin desvelarse la incógnita de si CPM se presentará a las elecciones generales. Esta decisión será trascendental para activar el refuerzo de la vigilancia. Y es que los investigadores sospechan que este partido tiene una relación directa con todo el presunto fraude electoral.
La Fiscalía Anticorrupción, que asumió las diligencias debido a la gravedad y la importancia de la trama de fraude de votos en Melilla, sospecha que se financió con fondos públicos. Sostiene que esta red -que salpica al partido Coalición por Melilla- se nutrió a través de empresas y particulares que, a su vez, recibieron ayudas y subvenciones del Gobierno de coalición integrado por este partido y por el PSOE.
El Ministerio Público detalla que estas empresas y particulares vinculados al partido político recibieron "licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones" que provenían del gobierno local. Según recalca Anticorrupción, las investigaciones realizadas hasta el momento constatarían que los imputados -entre los que se encuentran el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-lal y el yerno del presidente de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán- conformarían una "estructura organizada" que se dedicó a comprar votos gracias al sistema telemático de votos.
Investigan decenas de contratos menores
La Policía Nacional investiga decenas de contratos menores relacionados con eventos deportivos o culturales. Las pesquisas apuntan que los dirigentes del CPM podrían haber adjudicado estas facturas por el mínimo legal para no estar sometidos a un control más estricto. El Partido Popular denunció que el consejero detenido había aprobado 40 contratos de obras a dedo a 40.000 euros cada uno.
Las elecciones de este domingo transcurrieron bajo el paraguas de un fuerte dispositivo de seguridad establecido por la Delegación del Gobierno en Melilla. En total, 99.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado integraron en toda España el mayor dispositivo de seguridad de la historia de unas elecciones.
Los trabajadores de Correos encargados de trasladar los votos por correo fueron escoltados por dos agentes de policía durante todo el recorrido hasta hacer efectiva la entrega en cada una de las 87 mesas habilitadas este 28-M.
150 euros por voto en Melilla
Tras las sospechas de fraude en la entrega de votos por correo, fueron admitidos 5.814 de los 11.707 solicitados, lo que supone el 49,6% del total, según los datos facilitados respectivamente por Correos y por el Ministerio del Interior. Precisamente estas cifras hicieron saltar la alarma en Melilla, al dispararse el voto por correo en comparación a las 4.200 solicitudes presentadas en las elecciones de 2019.
Según las primeras pesquisas los investigados habían diseñado "una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 50 y 150 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legamente establecida del voto por correo". Aunque las diligencias siguen bajo secreto de sumario, se sabe que la trama comenzó a operar el 4 de abril, coincidiendo con la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.
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