La Policía Nacional concede cada año condecoraciones a personas ajenas al Cuerpo, una forma de agradecer o premiar la colaboración con la institución. Son medallas al mérito policial que siempre tienen como destinatario profesionales sectores diversos como la magistratura, la Fiscalía, policías extranjeras, periodistas… en esa selección todos los años hay también representantes de compañías telefónicas.
Vozpópuli ha cotejado las listas de los cuatro últimos años y sólo en ese periodo aparecen más de una decena de representantes de compañías telefónicas agasajados. Los cargos que figuran son el de director de seguridad corporativa, director global de seguridad e inteligencia, hay asesores jurídicos de estas compañías, manager de seguridad o secretaria general, entre otros.
Las fuentes policiales consultadas por este periódico explican que en estas condecoraciones se premian sobre todo vínculos personales entre policías y profesionales con los que suelen tratar a menudo en su trabajo o que tienen algún gesto con la institución. Para ser condecorado con una medalla al mérito policial es necesario ser propuesto por alguien del Cuerpo. Los motivos nunca son publicitados.
Sospechas tras el 'caso Villarejo'
Según informa este jueves este periódico, el ‘caso Villarejo’ ha llevado a los investigadores a preguntar a varias compañías telefónicas quiénes fueron los trabajadores que les suministraron datos de clientes a la red encabezada por el polémico excomisario. En el ‘caso Tándem’ se indaga si luego usaban estos datos para favorecer pesquisas privadas por las que recibían dinero al margen de su actividad policial.
En los años de actividad de la trama, cuando una investigación policial necesitaba de datos personales asociados a un teléfono, todavía era necesaria una autorización judicial explicando los motivos y las razones de esa intromisión en la vida privada (en la actualidad, datos como el del titular o el domicilio, se pueden mirar sin orden judicial). Se trata de un proceso lento que no siempre obtiene el visto bueno de los jueces. Las fuentes consultadas aseguran que en la Policía se sospechaba de que ese protocolo muchas veces se esquivaba cuando se necesitaba algún dato urgente, sobre todo en materia antiterrorista.
Se daba por hecho que había investigadores que tenían relación directa con personas en algunas compañías y les facilitaban datos, siempre desde la creencia de que este atajo podía salvar vidas. Eso sí, para usarse de manera oficial, luego había que pasar siempre por la autorización de un juez.
Lo que están arrojando las pesquisas en torno a Villarejo y su red es muy distinto y la Fiscalía otorga al exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño un papel central en el suministro de datos confidenciales a la trama. ‘El Confidencial’ y ‘Moncloa.com’ publicaron que en el marco de los encargos del BBVA a Villarejo, el excomisario -estando aún en activo- llegó a tener información del cruce de llamadas de 4.000 teléfonos.
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