Dos agentes de la Policía Nacional se han personado en la causa de Tsunami Democràtic como víctimas directas de los disturbios que se produjeron en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. Los policías, representados por el despacho de Fuster-Fabra Abogados, reclamaban ser acusación particular de este procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por delito de terrorismo.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el magistrado Manuel García Castellón ha dado luz verde a que los agentes litiguen como perjudicados por los actos de "terrorismo callejero" que tuvieron como epicentro la plaza de Urquinaona. En su solicitud el despacho ha aportado también un parte de lesiones de los dos agentes, uno de los cuáles tuvo que ser operado y prejubilado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.
Los dos efectivos de la UIP, que estaban desplegados en el lugar de los hechos como parte del dispositivo diseñado, resultaron heridos en las batallas campales que se vivieron aquellos días de octubre de 2019 en el centro de la ciudad condal.
La batalla campal de Urquinaona
Se trata de protestas que se produjeron durante varios días seguidos y que coincidieron con la huelga general catalana de 2019 y con las 'Marchas por la Libertad' que organizaron entidades soberanistas como ANC y Òmnium Cultural.
Como consecuencia de los disturbios uno de los agentes recibió el fuerte impacto de una botella en la mano mientras que el otro fue golpeado con un objeto que le lanzaron a la cabeza y que provocó que cayera al suelo desplomado. En la convocatoria de las jornadas también participaron Arran y los Comités de Defensa de la República (CDR).
De esta forma, los agentes han solicitado este mismo martes su personación como acusación particular en las diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra una docena de personas que estarían detrás de esta plataforma radical. Tras aceptarse su requerimiento, se suman al partido Vox y Dignidad y Justicia, asociación esta última que preside Daniel Portero, y que litigan como acusación popular.
La investigación que arrancó en el 2019 y que acaba de dar un giro de 180 grados con la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, se ciñe a los hechos ocurridos en protesta a la condena del Supremo en el procés. En concreto destacan el asedio del aeropuerto de El Prat que provocó pérdidas de más de 2 millones de euros y también las barricadas y cortes de carretera impulsados en la AP-7 a la altura de La Junquera, cerca de la frontera con Francia.
El caso Tsunami, entre los amnistiados
Tras adherir el informe policial definitivo sobre Tsunami Democràtic, el magistrado Manuel García Castellón ha imputado a una docena de personas que estarían detrás de la organización de esta plataforma. Entre los investigados por delito de terrorismo se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, ambos procesados en el Tribunal Supremo por el procés.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del juez al considerar que los hechos no se pueden subsumir dentro del tipo penal de terrorismo, sino que en desórdenes públicos graves (y no todos ellos). Al hilo también se ha descartado que esta plataforma estuviera detrás de acciones de protesta en el centro de Barcelona como a las que aluden ahora los agentes.
Con todo estas diligencias se encuentran dentro del total de causas que quedarán exoneradas cuando entre en vigor la ley de amnistía. El texto, que ha redactado el PSOE en connivencia con sus socios independentistas, determina que todos los hechos vinculados con el procés hasta este mismo lunes terminarán en archivo, absolución o revocación de condena en aplicación de la amnistía.
El texto deja muy atado el futuro de esta causa ya que, entre los supuestos a amnistiar se encuentran aquellos procedimientos abiertos por terrorismo siempre y cuando no haya condena firme. En el caso de Tsunami se trata de unas diligencias en instrucción mientras que los CDR -a quienes se les acaba de abrir juicio oral- todavía no tienen fecha para ir al banquillo, con lo cual la ley será efectiva antes de un posible juicio y posterior condena por terrorismo.
