Un mes y 15 días de prisión. Esa es la pena que el Tribunal Supremo le ha impuesto al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación que tuvo lugar en 2014. La noticia ha desatado una batería de reacciones entre las filas del partido morado, que cierran filas con su compañero. Pero también llegan voces desde el seno de la Policía Nacional que manifiestan su contrariedad por la actitud del representante político.
Es el caso de la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato del cuerpo. A su juicio, la condena a Alberto Rodríguez es "totalmente incompatible" con su continuidad en el escaño. Tras conocerse la decisión del Supremo se abre el debate sobre si la condena acarrea el cese inmediato o la suspensión temporal de su puesto en el Congreso de los Diputados.
"Al margen de consideraciones jurídicas, resulta intolerable que un represente de los ciudadanos en una alta institución del Estado, como el Congreso de los Diputados, se empeñe en mantenerse aferrado a su puesto cuando ya se ha confirmado que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por delinquir al agredir a un policía nacional", consideran desde el sindicato policial. Y añaden: "Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta".
Por el contrario, desde filas de Podemos critican la condena de Alberto Rodríguez y la comparan con la situación que atraviesa el rey emérito, Juan Carlos I. Del primero dicen -Pablo Echenique, en sus redes sociales- que ha sido condenado sin "ninguna prueba", mientras que al segundo lo definen como "millonario y ladrón", con "abundantes pruebas de que defraudó millones". La cuenta oficial de Podemos valora que la Justicia "se arrodilla ante monarcas corruptos y criminaliza la protesta y a quienes se meten en política para mejorar la vida de la gente".
La reacción de Alberto Rodríguez
En este sentido, el sindicato CEP considera "llamativo" que "aquellos que tanto se empeñan en poner siempre en su punto de mira político a los servidores públicos", en referencia a la Policía Nacional, "sean incapaces de aplicarse esa misma exigencia en su ejecutoria como representantes públicos": "Mucho nos tememos que se volverá a aplicar lo que coloquialmente conocemos como 'ley del embudo' para acabar cuestionando al Tribunal y su sentencia, como se hace en otras ocasiones con nuestro colectivo".
En base a ese criterio, el sindicato pide que el diputado Alberto Rodríguez presente su dimisión, antes incluso de entrar en el debate jurídico sobre la posible continuidad de su escaño: "Participar en agresiones contra servidores públicos que intervienen en defensa de esa legalidad es ir más allá y adentrarse en terrenos penales totalmente incompatibles con el ejercicio de una responsabilidad pública, sea del tipo que sea".
Por su parte, el diputado Alberto Rodríguez sugiere que recurrirá la decisión ante otras instancias:
