La Fiscalía de Seguridad Vial del Estado ha impartido unas instrucciones a los fiscales delegados de toda España para que no se impute penalmente a los policías municipales y nacionales que circulen a más de 60 kilómetros por hora en ciudad y 80 en carretera cuando vayan en misión urgente.
Los fiscales sí podrán tramitar esas denuncias si comprueban que los vehículos no estaban realmente en un servicio de urgencias
Esta recomendación se produce después de que un juzgado de Vigo hubiera imputado a una pareja de agentes de un coche ‘z’ de la Policía Nacional por superar la velocidad autorizada cuando acudían a prestar auxilio tras la agresión a un ciudadano.
La Unión Federal de Policía (UFP) pidió apoyo a la Dirección General de la Policía (DGP) cuando sucedieron los hechos. La DGP les contestó que tenían que cumplir las normas y que, en todo caso, solicitaran asistencia letrada. Los sindicalistas acudieron otra vez a los responsables de la DGP cuando sus dos compañeros fueron sometidos a un proceso penal en septiembre, pero recibieron la misma contestación.
La UFP se entrevistó el lunes con el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien les comentó que ha dictado unas recomendaciones para que no se tramite ninguna denuncia penal cuando ambulancias, bomberos y policías superen los límites establecidos en situaciones críticas.
Los fiscales sí podrán tramitar esas denuncias si los vehículos no estaban realmente en un servicio de urgencias. Para ello, consultarán antes con los responsables del servicio implicado, para comprobar si realmente estaban en una situación que exigía superar los límites del nuevo código de circulación.
Los límites de velocidad estaban haciendo que se perdiera la operatividad en servicios urgentes
La Unión Federal de Policía ha aconsejado a sus compañeros que cuando crean que han superado la velocidad máxima que establece el código lo hagan constar en el parte de servicio. “Eso –añaden– evitará que se vean sometidos a un proceso penal”.
Un portavoz de la UFP dijo a este periódico que la Dirección General de la Policía les había dejado “tirados” en este tema y añadió que esos límites estaban haciendo que se perdiera la operatividad en algunos servicios urgentes. Los sindicalistas consideran que la medida que ha tomado la Fiscalía es razonable y se mostraron “dolidos” con la postura de la DGP con los agentes que tenían una amenaza judicial seria.
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