"De salir adelante será un éxito de los antisistema". Así de contundentes se expresan policías nacionales y guardias civiles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como ley mordaza, que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. La plataforma Jusapol ha convocado para este sábado una multitudinaria manifestación, en la que esperan reunir a más de decenas de miles de personas por las calles del centro de Madrid.
Esta protesta comenzará a las doce de la mañana en la Plaza de Neptuno. A ella acudirán autobuses con agentes de todas las provincias de la Península y también está prevista la llegada de policías y guardias de otros puntos como Baleares o Canarias. En la cabeza estará la plataforma Jusapol, con el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, y la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil. Estarán respaldadas por otras asociaciones y sindicatos relacionados con cuerpos policiales, tanto a nivel nacional como regional y local: CSIF, CEP, ASP, Politeia, H50, CCPM, USPLBE, SIPE, PLA Madrid, ASESGC, RAGCE, AEGC y AIGC.
Los convocantes han especificado a la Delegación del Gobierno que, según sus estimaciones, acudirán 50.000 personas. Días antes de este evento, policías y guardias civiles están repartiendo octavillas con los motivos de su manifestación. "No cuenta con la opinión de los profesionales de la seguridad en España", comienzan sus reivindicaciones contra la reforma de la Ley 4/2015.
"La ley del odio a la policía"
Consideran que se ha realizado desde un punto de vista "ideológico" y que no está avalada la modificación por los informes técnicos. "Es la ley de inseguridad ciudadana o la ley de odio a la policía", alertan. Con ella -afirman los convocantes- se pondrá en entredicho la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad, situándola "a la misma altura que la de los delincuentes".
Jusapol cree que esta iniciativa va en "dirección contraria" a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto policías como guardias civiles, que son los garantes de la "seguridad" en nuestras calles. Entre los puntos más lesivos de la misma se encuentra que no contarán con el "material antidisturbios adecuado" por lo que será "inviable el control de un grupo de violentos".
"Es un ataque a la Constitución"
La reforma también prevé "obstaculizar los registros corporales a los sospechosos" por parte de los agentes y la "reducción sistemática de las multas por ingresos", algo que choca con el artículo 14 de la Constitución. Asimismo se podría eliminar la infracción por "resistencia pasiva" y se prohibirá en política de inmigración ilegal las "devoluciones en caliente y rechazos en frontera", aseguran los agentes.
Los convocantes critican que esta modificación está "hecha a la medida" de los socios del Gobierno, que "cede a cambio de sillones y cuotas de poder en detrimento de los españoles y nuestro estado de derecho". "De salir adelante es un éxito de los antisistema y un ataque en la línea de flotación de nuestra Constitución y de la soberanía del pueblo español", remarcan.
Por todo ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son los "primeros perjudicados" en su labor diaria. "Pero a por quién van en realidad es a por la libertad de los ciudadanos. Esta ley nos afectada a todos", concluyen. Toda esta situación se produce en un "contexto muy negativo" para los agentes, que se encuentran "desmoralizados y debilitados en un escenario de violencia agravada y de pérdida del principio de autoridad policial", según Aaron Rivero, secretario General de Jupol.
Policías y guardias, ante nuevos desafíos
De forma paralela, a lo largo de esta legislatura, Jusapol denuncia que no se han cumplido sus reivindicaciones como la equiparación con los policías autonómicos, la jubilación o dietas o la jornada laboral. Con este nuevo marco legal los agentes no se podrán enfrentar, a su juicio, a retos como: la delincuencia de alta intensidad, mafias internacionales que actúan en nuestro territorio, bandas juveniles muy violentas o la delincuencia que aprovecha la tecnología para desafiar a la autoridad y vulnerar las leyes.
Entre los puntos más polémicos de la modificación se encuentra que los agentes tendrán que devolver o facilitar su retorno al mismo lugar a las personas identificadas. Además, la carencia del trámite previo de comunicación de protestas, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación. Para los agentes esta medida es un nuevo ataque al principio de autoridad ya que limita la capacidad de los cuerpos policiales en el mantenimiento y restablecimiento, en su caso, del orden público y la seguridad ciudadana.
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