Con la vuelta de las vacaciones y el inicio de la temporada liguera, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha vuelto a la carga con una de sus demandas históricas que tras años de lucha no acaba de materializarse. La agrupación solicita a La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y al resto de eventos privados anuales que paguen parte de los extensos dispositivos de seguridad que cubren los agentes de la Policía Nacional.
Desde el SUP rechazan que estos "negocios privados" supongan un coste de dinero para las arcas públicas y reclaman un sistema de copago. Consideran que estos promotores deben sufragar parte de los gastos y que ese montante se destine a recompensar el "esfuerzo de los policías y modernizar los medios materiales que se ven obligados a emplear".
El dinero destinado a mejoras y a los policías
Y es que mientras los clubes disponen de presupuestos millonarios los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que garantizan la seguridad de estos eventos privados reciben un "complemento específico escaso y obsoleto trabajando con material deteriorado y anticuado".
Por todo ello, el Sindicato Unificado de Policía reclama que se aborde cuanto antes la puesta en marcha de un sistema de copago similar al que ya se aplica en otros países de nuestro entorno e incluso en varias comunidades autónomas de nuestro país. Para ello proponen una financiación compartida a cargo de los promotores de estos eventos privados que supondrá menor gasto para las arcas públicas.
Un informe de gastos
Después proponen invertir ese dinero en la sustitución de los viejos vehículos de la UIP o UPR o a mejorar la ridícula compensación económica que reciben los policías que participan en estos despliegues de seguridad. Un dispositivo siempre necesario e indispensable para que todos estos eventos confluyan con la habitual normalidad que les caracteriza.
Para exigir esta reivindicación, el SUP ha escrito a la Dirección General de la Policía, a La Liga de Fútbol Profesional y a las agrupaciones políticas. Con la carta han adjuntado un informe en el que argumentan los motivos para hacer efectiva esa “tasa” a los promotores privados que demandan tan altos y costosos despliegues de seguridad.
Esta demanda lleva ya más de diez años sobre la mesa de la Policía Nacional y, aunque a veces ha estado cerca de materializarse, nunca se ha concretado. Otros sindicatos también se han mostrado favorables a este iniciativa para mejorar las condiciones de los agentes.
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