El Juzgado de Instrucción 3 de Linares (Jaén) ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los dos policías que agredieron el viernes, cuando estaban fuera de servicio, a un hombre y a su hija de 14 años, por riesgo de fuga y de que destruyeran u ocultasen pruebas.
Así se recoge en el auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, que dice que por "la gravedad de la pena que lleva aparejada el delito", que podría ser de hasta 5 años de prisión y, "pudiendo ser dicha pena aún mucho mayor", se deduce que es "bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir de la acción de la justicia".
Los dos detenidos, un agente y un subinspector, están siendo investigados por un delito de "lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas", en el que "ha mediado ensañamiento".
Añade que a ese riego de fuga "contribuye el hecho de que su arraigo familiar sea escaso" porque no tienen pareja ni descendencia y su arraigo laboral, "previsiblemente haya desaparecido, puesto que se les ha abierto un expediente disciplinario por la Policía Nacional, siendo probable que estén cautelarmente suspendidos de su empleo, ya que se les ha retirado el arma reglamentaria".
Por otro lado, el juez señala que hay riesgo de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba porque uno de los acusados "aparece en una grabación de vídeo persiguiendo a una persona que con su móvil se acerca para captar la secuencia de lo que está ocurriendo", lo que "sólo puede interpretarse como un acto de boicot de un material probatorio".
"También se le puede ver en frente de un camarero que está barriendo lo que podrían ser los restos de vidrio de una botella empleada en la agresión, impasible, sin impedir que esto ocurra, cuando ello claramente es un vestigio del delito que se habría cometido y que, por ello, debe ser conservado hasta que aparezcan los agentes de Policía Judicial", indica el auto.
Son policías nacionales
También considera el hecho de que ambos investigados pertenecen al Cuerpo de Policía Nacional, lo que "permite inferir que disponen de mayores facilidades que el ciudadano medio para averiguar datos que les permitan influir indebida e ilegítimamente en las fuentes de prueba, principalmente, testigos".
El juez concluye en el auto asegurando que "lo esperable es que cualquier ciudadano se comporte de acuerdo a las normas y leyes" y que respete los derechos de los demás, "depositándose aún más confianza en que dos miembros de la Policía Nacional acatarán tales obligaciones, puesto que entre sus funciones se encuentran precisamente garantizar esa convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos".
Sin embargo, dice que los investigados, "a través de sus actos, han puesto de manifiesto que son incapaces de dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, pues en caso contrario no estarían en la situación en la que se hallan".
