Los dos agentes personados en la causa contra Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional respaldan el criterio del juez acerca de que se debe investigar por presunto delito de terrorismo. Los agentes, que pidieron actuar como acusación tras resultar heridos en una de las protestas convocadas por esta plataforma, entienden que es "innegable" que confluyen los requisitos defendidos por el magistrado.
En un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los dos policías explican que "queda claramente demostrado por la jurisprudencia" que los delitos de terrorismo son delitos de carácter finalista que requieren de dos elementos fundamentales como son alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional.
"Hechos que de manera innegable se producen en el marco de las investigaciones de la organización Tsunami Democràtic", indica su defensa. Por ello respaldan la decisión del magistrado Manuel García Castellón que, pese a lo sostenido por la Fiscalía, decidió imputar por terrorismo a una docena de personas (entre ellas Carles Puigdemont y Marta Rovira) tras adherir el informe clave de la Guardia Civil.
El magistrado accedió a la personación de estos dos efectivos de la UIP que resultaron heridos en una de las batallas campales que se vivieron en el centro de Barcelona en protesta contra la sentencia del procés y cuya organización se atribuye a Tsunami Democràtic. Uno de ellos, de hecho, tuvo que ser operado y prejubilado debido a la gravedad de lesiones que sufrió como consecuencia de los incidentes.
Los disturbios de Tsunami
Al respecto, los agentes sostienen que la calificación provisional que da el juez a los disturbios de Tsunami no se entienden como una "novedad" a tenor del devenir de las pesquisas que arrancaron en la Audiencia Nacional en 2019. Del mismo modo discrepan del criterio del Ministerio Fiscal que ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto del juez al entender que el delito más ajustado a los hechos es el de desórdenes públicos agravados.
Es una contradicción palmaria el cambio de criterio de la Fiscalía. Es cierto que han podido suscitar intereses del poder ejecutivo pero eso no es una argumentación para los que deben tomar decisiones sobre elementos que se están investigando
Al respecto, los agentes recuerdan al Ministerio Público su cambio de criterio y el escrito que firmó un fiscal suplente del procedimiento en julio de este año en el que sostuvo que las barricadas en la AP-7 o la ocupación de El Prat entre los meses de octubre y noviembre de 2019 eran constitutivos de delito de terrorismo.
"Es cuanto menos una contradicción palmaria -y llamativa a todas luces a esta representación procesal- este cambio de criterio de la Fiscalía, cuando no ha existido una sola diligencia de investigación que pudiera dar motivo o argumento para representar un giro en la tesis del Ministerio Público y que por ende pueda considerar un cambio de postura por motivos jurídicos", explican.
"Interés del Poder Ejecutivo"
Al respecto aluden a motivos "extra procesales" y situaciones "ajenas al poder judicial", en referencia a los comicios generales que convocó Pedro Sánchez en aquel momento tras las autonómicas. Al respecto dice que el interés que ha podido suscitar este procedimiento del Poder Ejecutivo "no es una argumentación, ni motivación jurídico-lógica" que pueda influir en las decisiones que se toman en esta causa contra Tsunami Democràtic.
Los policías consideran de "vital importancia" el informe de la Guardia Civil en el que se desveló la presunta implicación de la 'número dos' de ERC y de Carles Puigdemont no solo en las acciones del movimiento sino en los orígenes del mismo en agosto de 2019. Los mensajes interceptados a los cabecillas de Tsunami evidencian "que el desarrollo de la aplicación requirió un trabajo previo de planificación y programación que duró meses".
Así, pues sostienen que se debe mantener las pesquisas por delito de terrorismo; asunto que ahora tiene que resolver la Sala delo Penal. Su pronunciamiento es especialmente relevante dado que si confirma el criterio del juez las diligencias se quedarán en este órgano pero si respalda a la Fiscalía y al resto de imputados el procedimiento se derivaría a los juzgados ordinarios catalanes dado que la Audiencia Nacional perdería la competencia para investigarlos.
En cualquier caso, la causa es una de las muchas que se engloba dentro de los supuestos recogidos por la ley de amnistía, por lo que su entrada en vigor abocará al archivo de las diligencias sea cual sea el punto en el que se encuentren.
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