La complicada situación que vive la economía española ha propiciado que las primeras medidas de los gobiernos, -estatal, autonómicos o locales-, vayan dirigidas al control del gasto y a la reducción del déficit público. Las comunidades autónomas, igualmente afectadas por el aviso de las agencias de calificación sobre la rebaja de su rating y por la ‘responsabilidad penal’ de sus dirigentes por la mala gestión que hacía pública el ministro de Hacienda el miércoles, también trabajan en una distribución de fondos que se ajuste lo más posible a las exigencias económicas, y la primera prueba de fuego para ello son los presupuestos.
Así, mientras Cataluña debate en el Parlament su Proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, los principales afectados por las medidas han empezado a movilizarse. El sector público ha sido de los primeros en sufrir recortes y en protagonizar las primeras acciones. Sin embargo, y a modo de cortina de humo, se ha querido volver a reabrir el eterno debate sobre el uso de la lengua, especialmente en este sector.
El proyecto de presupuestos ha dado lugar a protestas y manifestaciones después de que se hicieran públicas algunas de las medidas que recoge. Los funcionarios, y especialmente los mossos d´esquadra, se han puesto en pie de guerra contra unos recortes que consideran desproporcionados y lesivos de los derechos propios y también de los ciudadanos.
Los mossos, policía autonómica catalana, han visto cómo la ley de acompañamiento de los presupuestos les plantea reducciones del sueldo en base al complemento específico, supresión del complemento de productividad, reducción de 9 a 6 los días por asuntos propios, no aportaciones al plan de pensiones o la desaparición de sus dietas, entre otros asuntos. Por ello han organizado un calendario de protestas que de momento no parece remitir, después de que fracasara la última reunión con la administración el viernes.
Sin embargo, desde algunos medios se ha hecho hincapié en una reivindicación que recogía su negativa a utilizar el catalán en su trabajo, llegando a recibir al president de la Generalitat, Artur Mas, con banderas y consignas que apelaban al ‘españolismo’ como manera de remover el sentimiento nacionalista.
Para desmentirlo, pronto salieron voces a rectificar la postura. “Es un tema cerrado, fue algo que surgió como reivindicación en las protestas y que algún sindicato minoritario secundó, pero se le ha dado más bombo del que realmente tuvo, ya que apenas encontró respaldo”, comenta Jordi Costa desde el Col.lectiu Autònom de Treballadors Mossos d´Esquadra.
Y es que pese a su protesta por la situación que vislumbran, parece haber calado más la desafortunada opción de abrir la polémica de la lengua -como cuerpo autonómico no pueden renunciar a la lengua de la autonomía- que aquello por lo que realmente están luchando.
La supuesta obligación en sanidad
La política lingüística también ha sido protagonista en el sector sanitario, sufridor igualmente de recortes por parte de la Generalitat desde hace meses y que anunciaban esta semana que llevarían a los tribunales aquellas medidas que hagan peligrar al paciente. La polémica saltó cuando salió a la palestra un supuesto comunicado del Govern enviado a todos los médicos en el que se les imponía la obligación de utilizar el catalán en su relación con el paciente, aún incluso cuando éste se dirigiera al facultativo en castellano u otra lengua.
Sin embargo, tal asunto ha sido rechazado de plano tanto desde Salut como desde el sindicato mayoritario de médicos. Desde el área sanitaria de Tarragona, punto emisor del ‘conflicto’, explican que lo que se ha hecho en esa provincia ha sido adaptar al ámbito sanitario un protocolo lingüístico de 2010 de la Generalitat para el sector público en general. “Es una actualización del modelo planteado para empleados públicos, que se ha adaptado poniendo ejemplos, entre ellos el del área sanitaria. Se ha distribuido únicamente entre proveedores de hospitales de Tarragona a modo de recordatorio del modelo existente, pero en ningún momento se ha enviado a cada médico este protocolo imponiendo el uso del catalán”, afirman desde prensa.
La versión de la no obligación es también compartida por el sindicato mayoritario, “Metges de Catalunya”, que pese a no querer entrar a polemizar, argumentan que la lengua no es, ni ha sido ni será nunca un problema para los profesionales, que trabajan normalmente y la utilizan con coherencia. “La Generalitat incluso pone en algunos centros de especial asistencia inmigrante a intermediadores culturales para evitar posibles problemas de entendimiento”, comenta Hèctor Clavet, responsable de prensa del sindicato.
Pese a todo, un paso más cerca de Europa
Esta semana el socialdemócrata Martin Schulz era nombrado presidente del Parlamento Europeo, algo que ha resultado un soplo de esperanza para los cuatro eurodiputados catalanes de ICV, CiU y PSC, que pretenden que el catalán se hable en Europa.
El alemán fue librero antes de dedicarse a la política, por lo que es conocedor de la literatura catalana, y ya se había mostrado partidario de permitir discursos en el hemiciclo en catalán, pese a la no oficialidad de la lengua.
En otras ocasiones la propuesta había sido vetada especialmente por el popular Alejo Vidal-Quadras, uno de los 14 vicepresidentes de la Eurocámara, que ha resultado reelegido, alegando dificultades técnicas.
Pese a que la oficialidad de la lengua está reservada únicamente a aquellas que son estatales, los eurodiputados han solicitado una reunión con Schulz para lograr al menos que se permita intervenir en el hemiciclo en catalán, algo que, según alegan, no tendría coste económico alguno, ya que al parecer la mitad de los traductores de la institución son catalanes y ya se habrían mostrado dispuestos a hacer la traducción sin coste adicional.
“En un momento en el que los ciudadanos se sienten especialmente defraudados por las instituciones, el gesto simbólico de permitir las lenguas cooficiales sería una manera de aproximar Europa a las personas. Con la presidencia española de la Unión Europea estuvimos a punto de conseguirlo, pero ahora esperamos que sea el momento definitivo”, declara Ramon Tremosa, eurodiputado de CiU. “Antes se ponía de excusa el coste económico, las dificultades técnicas, o que no se hablaba ni en las Cortes españolas, pero ahora ya no sirve. En el Senado se hablan las lenguas cooficiales, el coste sería cero, y además podríamos hacer como hacen otros países, que el día de antes mandan por correo y en inglés la intervención parlamentaria a todos los representantes, de manera que el discurso es perfectamente entendible”, sentencia Tremosa.
De momento han solicitado una reunión con Schulz para que la opción se estudie. Si la propuesta es aceptada, en el hemiciclo europeo se podrían escuchar discursos en catalán, la duodécima lengua por número de hablantes entre las 23 oficiales, por encima de lenguas como el danés, el búlgaro, el finés o el eslovaco entre otras.
