El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no puede aprobar los Presupuestos ni puede entregar fondos a las autonomías. Así lo ha señalado la Abogacía del Estado, que ha enviado un informe al Ministerio de Hacienda en el que ve ilegal desbloquear los fondos de 5.000 millones de euros, según adelanta El País.
Según este informe, de 13 páginas, la Abogacía señala que el Ejecutivo en funciones no puede aprobar los anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas.
Esta información se conoce tan solo unas horas después de que la Generalitat de Cataluña aprobase llevar a los tribunales al Estado por el bloqueo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación.
El Govern inició acciones legales contra el Ejecutivo
El Govern anunció este martes un contencioso administrativo para reclamar el pago de los anticipos presupuestarios del Gobierno de España que le corresponden a la Generalitat catalana.
"Se exige al Estado el pago de este montante estipulado en el modelo de financiación autonómica. El dinero reclamado ahora por la Generalitat a través de la vía judicial al Estado alcanza los 1.317 millones. "Son de la Generalitat", aseguró la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.
Sin embargo, Cataluña no ha sido la única región que se ha quejado de la situación. Varios gobiernos autónomos se posicionaron en contra, puesto que les obliga a recortar el gasto público. También se unieron los populares de Pablo Casado, que indicaron que los fondos procedentes de la financiación autonómica no pueden ser discrecionales.
La cartera liderada por ministra en funciones, María Jesús Montero, solicitó el pasado 22 de agosto el informe a la Abogacía. De esta manera, el texto avala los argumentos de Hacienda.
Argumentos de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado plasma que entre las orientaciones políticas que tiene prohibidas un Gobierno en funciones está la aprobación de las cuentas del Estado, pero también tiene vetada la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades por "su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa", recoge el diario.
La cifra asciende a aproximadamente 5.000 millones de euros, pero a estos hay que añadir otros 2.500 millones pocedentes de un cambio en la contabilidad del IVA. En total, 7.500 millones.
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