El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha puesto en manos de sus abogados la eventual presentación de una denuncia por acciones judiciales contra el actual titular del departamento, Óscar Puente, susceptible de ser ampliada a los autores de la reciente auditoría en la que varios cargos ministeriales responsabilizan al exministro de las presuntas irregularidades en la gestión de los contratos de Transportes para la adquisición de material sanitario destinado a hacer frente a la pandemia, objeto de investigación en la Audiencia Nacional en el marco del llamado 'caso Delorme'.
Esta eventual acción legal otorgaría continuidad a la presentación, este viernes, de una pericial propia ante la misma instancia judicial en la que el exministro cuestiona abiertamente la auditoría elaborada por el Ministerio que dirigió entre 2018 y julio de 2021, cuyas conclusiones le señalan como responsable último de las adjudicaciones a la empresa de la trama.
Como ha informado este periódico, Ábalos ha pedido asimismo personarse como perjudicado en las diligencias judiciales que tutela el magistrado Ismael Moreno.
Ábalos, expulsado del PSOE y diputado del grupo mixto desde el pasado 27 de febrero, ha denunciado públicamente la auditoría encargada por Puente como un "tribunal de honor" que, sostiene, busca fijar un "juicio paralelo" en torno a su persona respecto al proceso penal que se instruye en la Audiencia Nacional, donde hay una veintena de imputados entre los que no figura el exdirigente socialista.
Vulneración de la garantía del derecho de defensa
Ahora, según ha podido saber Vozpópuli, la defensa legal del exministro valora impulsar la viabilidad de llevar a los tribunales al controvertido Puente y a los firmantes de un documento, en poder del instructor desde el pasado 28 de agosto, para cuya elaboración no ha sido requerido el testimonio del propio aludido, circunstancia que Ábalos considera una vulneración de la garantía de su derecho a defenderse.
La ofensiva legal de Ábalos desde la eclosión del también llamado 'caso Koldo' se sostiene también sobre la denuncia que este presentó el pasado 24 de julio ante la Fiscalía por revelación de secretos y de comunicaciones con "el ruego de que se investigue a los responsables de tales acciones" que el hoy diputado en el grupo mixto considera un proceso de "espionaje" sobre su persona, desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, instigado en última instancia por el Ministerio del Interior que dirige su antiguo compañero de gabinete Fernando Grande-Marlaska. Esta denuncia ha sido secundada por la Fiscalía Provincial de Madrid para su reparto en los juzgados de instrucción de la capital de España, tal como informó el Ministerio Público al propio interesado el pasado 12 de agosto: "Por el presente pongo en su conocimiento que (...) se acuerda la interposición de denuncia que ha sido presentada en el decanato de los juzgados de instrucción de Madrid, estando pendiente de reparto", detallaba la comunicación.
La decisión de Ábalos de acudir a la Fiscalía se producía solo un día después de tener conocimiento de que la Mesa del Congreso trató de que 'reformulara' las cinco preguntas parlamentarias que presentó al Gobierno para obtener de éste una respuesta escrita en cuanto a si estaba siendo investigado y si el Ejecutivo tenía algún tipo de conocimiento sobre "consultas" realizadas en las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que guardarían relación con información personal suya y de sus familiares.
El acta de diputado
En el frente estrictamente político, la intención de Ábalos es retener el acta de diputado y votar desde el grupo mixto las resoluciones legislativas "sin seguir de modo acrítico" la posición que establezca su antiguo grupo parlamentario, postura que deja abiertas tanto opciones de coincidencia como sobre todo de discrepancia respecto al criterio de la bancada socialista.
