Ángel Galindo, concejal del partido Alternativa por Boadilla (APB), es uno de los siete abogados que junto a los integrantes de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y los letrados del PSOE de Madrid y de la Comunidad Valenciana han conseguido condenar al Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel.
Este edil, al igual que había hecho su padre durante varias décadas, se encontraba en 2007 en plena lucha contra la corrupción en su municipio, pero también en otros Ayuntamientos del Noroeste de la Comunidad de Madrid, dominados por las mayorías absolutas del PP de Esperanza Aguirre, formación que se financiaba de forma ilegal, tal y como ha constatado la sentencia del pasado jueves.
Galindo conoció en 2005 al exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, quien pasado el tiempo le confesó que había grabado durante casi dos años, en compañía de otro concejal, Juan José Moreno, (condenado a 15 años de cárcel) a Francisco Correa, que había tejido junto al PP una trama de corrupción institucional.
Y este letrado convenció a Peñas de que tenía que denunciar los hechos a la Policía, que comenzó a investigar la organización criminal encabezada por Francisco Correa, cuyos tentáculos se habían extendido también al PP de la Comunidad Valenciana.
Oferta generosa
Sin embargo, pocos conocen que entre esa querella inicial y la detención de Francisco Correa, en febrero de 2009, Ángel Galindo rechazó una generosa oferta de una de las empresas investigadas en la trama. Una propuesta, que de haber sido aceptada, podría haber cambiado el curso de los hechos.
Esta oferta hubiera alterado la historia del caso Gürtel ya que la querella inicial, que cuenta con la firma del propio Galindo como abogado, habría perdido verosimilitud a ojos de los policías, pero también de las fiscales y del juez Baltasar Garzón, el primer instructor del caso.
Galindo llegó incluso a pisar el 'hall' de la sede social de la constructora, que estaba situada en un exclusivo edificio del barrio de Salamanca, en Madrid, cuyos directivos le habían ofrecido un contrato "con muchos ceros". ¿Era una trampa? Todavía hoy Galindo no lo tiene claro al 100%, según apuntan fuentes cercanas al edil.
Pero, sin duda, ahora podría considerarse un momento de lucidez: Galindo se dio la vuelta y apostó por rechazar la oferta de la constructora, para así seguir defendiendo, sin obtener ningún ingreso por ello, a José Luis Peñas, que pese a su continua colaboración con la justicia ha acabado condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel.
Indulto para Peñas
No obstante, las Fiscales de Anticorrupción adscritas a Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, ya han anunciado su intención de reclamar el indulto para Peñas.
La labor del denunciante de Gürtel también fue respaldada en 2011 por el Tribunal Constitucional, que le dio la razón al considerar que el PP del Ayuntamiento de Majadahonda había vulnerado sus derechos constitucionales tras expulsarle del grupo municipal. El alcalde era Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel.
Aunque Galindo formalmente ha actuado como defensa, ya que Peñas ha estado imputado casi desde el principio, todo el mundo ha asumido que este letrado de Boadilla del Monte era, de facto, una acusación más.
De hecho, el presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, le reprendió en varias ocasiones durante el juicio por no ceñirse a su papel de defensa e incluso impidió que desarrollara, tal y como lo tenía previsto, su interrogatorio al testigo y desde el viernes expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Junto a Galindo, al que Peñas considera "un amigo y no simplemente un abogado", al menos otros seis letrados han mantenido, a lo largo de los 10 años de la instrucción, la acusación contra Francisco Correa, contra el PP y contra los excargos de la formación conservadora, entre los que habría que resaltar al extesorero Luis Bárcenas.
Wilfredo Jurado
Wilfredo Jurado, que ejerce la acusación popular en nombre de los exconcejales del PSOE de Boadilla del Monte, encabezados entonces por el edil Pablo Nieto, pidió su personación en Gürtel pocas horas después de conocer la detención de Francisco Correa por orden de Baltasar Garzón en febrero de 2009: "Han pasado muchas cosas desde entonces. Y una prueba de ello es que yo no era padre, y ahora tengo un hijo de seis años", destaca este letrado en conversación con Vozpópuli.
"Creo que yo fui el primero en personarme", recuerda también Wilfredo Jurado, que asegura que el día que más le marcó fue, "sin lugar a dudas, cuando Bárcenas se decidió a "tirar de la manta" el 15 de julio de 2013. Este letrado no olvidará un detalle: que el extesorero del PP acudió a la sede de la madrileña Calle de Prim y que se negó a comparecer ante el juez Pablo Ruz hasta que no le prestaran una corbata: "Y esto es una buena muestra de quién era el personaje", completa Jurado.
El letrado del PSOE madrileño también objeto de una querella por parte del PP madrileño, que le acusó de filtrar documentos del sumario a la prensa. La querella fue archivada.
También del PSOE, aunque en esta ocasión de la Comunidad Valenciana, es el letrado Virgilio Latorre, quién se personó en el caso en nombre del entonces líder el PSPV, Ángel Luna, y que ha jugado un papel muy activo en las piezas separadas valencianas, pero también en la principal.
Francisco Montiel
Pero si hubiera que destacar la labor de alguna acusación popular de Gürtel, esta sería, sin duda, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). A la figura de su presidente de honor, José Mariano Benítez de Lugo, que fue el letrado que interrogó a Mariano Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional, resalta el trabajo realizado por Francisco Montiel, Gloria de Pascual y Miguel Ángel Garrido.
Montiel ha sido y sigue siendo junto a Gloria de Pascual la piedra angular de ADADE en la Audiencia Nacional. Ellos han liderado en todo momento a las acusaciones populares. La propia De Pascual inició sus colaboraciones con ADADE antes incluso de estar colegiada.
Finalmente, y mientras la instrucción de Gürtel se llevaba a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el letrado de ADADE era Miguel Ángel Garrido, que abandonó el caso, dejando la acusación popular en manos de Montiel.
Este último abogado ha sido clave a la hora de convencer al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que el PP tenía que ser condenado como partícipe a título lucrativo. Preguntado por Vozpópuli sobre el momento más importante de la instrucción y del juicio, Montiel contesta que el juicio "se comenzó a ganar" tras la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.
"Y gracias a que pudimos apartarles" por su vinculación con el PP, prosigue Montiel, "la sentencia ha sido de una gran calidad, y eso a que la misma cuenta con el voto particular de Ángel Hurtado, que no obstante ha redactado una buena parte del fallo", recuerda este letrado.
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