Los abogados que ejercen la acusación popular en el caso 'La Sal', en el que se investiga el agujero de 600 millones de euros de dinero público en la construcción y explotación de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena), ha reclamado a la juez de Murcia María del Mar Azuar que cite a declarar como testigo al presidente de ACS, Florentino Pérez, a quién consideran el máximo responsable de organizar la "trama" de empresas que realizaron los trabajos sin concurso público, según consta en un escrito de 2 de enero dirigido al juzgado, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La acusación popular, que actúa de forma unitaria por decisión de la magistrada Azuar, está compuesta por la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), el partido político sin representación en las instituciones murcianas denominado Contrapoder y el letrado Diego de Ramón, denunciante del 'caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo' (CAM).
Y este grupo de letrados reclama la comparecencia de Florentino Pérez después de conocer el informe en el que la fiscal encargada de la investigación, María Isabel Neira Campos, anuncia que las responsabilidades "parecen apuntar más alto", según consta en el escrito de 13 de diciembre dirigido al juzgado de Murcia que instruye la causa.
Un directivo de ACS
Hasta el momento, la juez ha imputado a varios exconsejeros del Gobierno de Murcia y a Eugenio Llorente Gómez, representante legal de la empresa Cobra Concesiones SL, que es presidente y consejero delegado de los servicios industriales del Grupo ACS, por su "papel significante" en la operación.
El ministerio público también ha reclamado a la juez que cite a declarar como imputados a varios excargos políticos murcianos del PP, así como a los empresarios José Alfonso Nebrera, Ramón Jiménez Serrano y Cristóbal González Wiedmaier, directivos del grupo de Florentino Pérez.
La acusación popular también reclama la comparecencia, también en calidad de testigo, del expresidente de la Región de Murcia que promovió la construcción de la planta desalinizadora de Escombreras, Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado.
En su escrito, los letrados anuncian la posibilidad de que Valcárcel pueda llegar incluso a ser imputado, ya que le consideran el máximo responsable de la adjudicación "a dedo" de la obra, por lo que la causa tendría que ser enviada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El informe de la fiscal que ha convencido a la acusación para pedir las comparecencias de Ramón Luis Valcárcel y de Florentino Pérez considera que el Gobierno murciano y una filial de ACS, en concreto Cobra, habrían planificado las estructuras societarias que provocaron un agujero de 600 millones de euros en la planta construida en 2005.
Gobierno socialista
Los hechos que se investigan en la denominada Operación La Sal se remontan a 2005, en pleno boom inmobiliario en España. Y en esa fecha, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una ley que impedía la construcción de viviendas sin que las confederaciones hidrográficas informaran positivamente de la existencia de agua suficiente para suministrar el agua a los ocupantes de las nuevas casas.
Y para sortear este control de las confederaciones, y por tanto del Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular era entonces la socialista Cristina Narbona, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel ideó la construcción de una desaladora, al margen del Ejecutivo central, que era el competente para construir esa infraestructura.
Tras una primera inauguración en 2007 de la planta de Escombreras, el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, criticó "el intento" de la Comunidad "de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para las nuevas urbanizaciones".
"Burlar la ley"
Por ello, las acusaciones populares consideran que el Ente Público del Agua, la empresa pública que creó el Gobierno de Valcárcel para construir la planta de Escombreras, "se ideó para burlar la ley".
Y los contratos que suscribieron las empresas y el Ejecutivo de Murcia determinaron que el erario público asumiese obligaciones y costes, "de tal envergadura, que resulta injustificable", completa la fiscal Isabel Neira Campos en su informe en el que apunta que se han podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario.
Precisamente, por la supuesta connivencia del Gobierno murciano en la perpetración del delito, la acusación reclama que se expulse al Ejecutivo como parte perjudicada, ya que su actuación "podría confundirse con las actuaciones presuntamente delictivas de los funcionarios".
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