La portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento, Ana Naranjo, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz que "se valga" de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para "sacar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, en la que sigue enterrado con honores".
En un comunicado, Naranjo ha anunciado que su grupo parlamentario va a registrar de nuevo una nueva iniciativa para que el Gobierno andaluz, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, "actúe de oficio de una vez para sacar a Queipo de Llano en la Macarena", aunque ha advertido de que el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya expresado que "no le importa el Valle de los Caídos deja a las claras la nulas intenciones de este Gobierno en materia de memoria democrática".
La parlamentaria de Adelante ha celebrado que "40 años después se vaya a corregir una anomalía democrática en nuestro país, que Franco estuviese enterrado en el Valle de los Caídos", pero ha defendido que en materia de memoria democrática "aún queda mucho por hacer y en Andalucía todavía hay más de 45.000 fusilados por el franquismo en las cunetas".
En este sentido, Naranjo ha reclamado al presidente de la Junta que "rectique y no utilice la situación dramática en la que se encuentran las zonas rurales de Andalucía (como el Valle de los Pedroches y el Valle del Guadalhorce) para salir de un embrollo que no le gusta, el de condenar el franquismo sin matices y cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía".
A su juicio, las palabras del presidente de la Junta son "un ninguneo a las víctimas del pasado oscuro, violento y vergonzante que fue el franquismo en España y en Andalucía", por lo que le ha instado a "cuidar sus palabras y trabajar por la verdad de lo que ocurrió, porque lo conozcan las nuevas generaciones, se haga justicia y se repare a las víctimas y a sus familiares".
Por último, Naranjo ha recordado que Adelante Andalucía reunió este martes a más de 30 asociaciones memorialistas en el Parlamento que denunciaron "incumplimientos sistemáticos de la Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno andaluz".
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