AENA empujó a la dirección de la empresa de seguridad Ilunion a actuar contra su vigilante de Barajas, testigo de la reunión entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo sostienen trabajadores del aeropuerto y un documento de la propia empresa al que ha tenido acceso Vozpópuli. Demuestra que el expediente abierto contra el empleado partió de las quejas de la institución controlada por Fomento.
El vigilante J.S.M.M. ha sido finalmente suspendido a dos meses de empleo y sueldo. Se le culpa de la publicación en prensa el 29 de enero de una serie de imágenes de la Sala Vip de la terminal de vuelos de Barajas en la que diez días antes estuvieron Ábalos y Rodríguez. El punto de partida de esta sanción disciplinaria fueron las quejas de AENA a Ilunion. Este empresa de seguridad es la adjudicataria del contrato público para gestionar de julio de 2018 a julio de 2020 la seguridad en el aeropuerto, por lo que percibe 58,2 millones de euros.
“La Dirección de la Empresa ha recibido diversas quejas por parte del cliente AENA referentes a su actuación”. Así es como arranca la carta remitida por Ilunion a su empleado en la que admite que actuó empujada por AENA a la hora de iniciar el expediente sancionador. Apelaba al Convenio Colectivo de Ilunion, la normativa de toma de fotografías en el aeropuerto y el Plan Nacional de Seguridad. Este vigilante tenía asignada la seguridad en la terminal de vuelos privados, tanto la Sala Vip como los accesos.
Según la normativa, está prohibido hacer fotos en los controles de acceso, controles de seguridad y zonas críticas de seguridad, indica la misiva. Lleva la fecha del 10 febrero y el empleado llevaba apartado de su trabajo desde el 31 de enero, según fuentes de su entorno.
Unos días después, este vigilante acudió ante un notario para dejar por escrito lo que vio aquella noche del 19 al 20 de enero en torno a la reunión entre Ábalos y Rodríguez. Ofreció un relato con numerosos detalles como horarios, las personas que acompañaban al ministro o el uso de dos carros de maletas para evacuar el equipaje de la delegación venezolana sin que pasasen los controles de seguridad. Confirmó, como desveló este periódico, que Rodríguez y Abalos se reunieron en el avión y luego ella estuvo durante horas en la Sala Vip.
El juez ordena identificar a los funcionarios
Esta declaración jurada ya está ya en poder del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que este jueves ha ordenado al Ministerio del Interior que le identifique a los funcionarios que se encargan de cumplir las directrices de Barajas respecto a los vuelos internacionales. También ha pedido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que le informe del protocolo que se sigue en esta materia.
La versión del vigilante de seguridad sobre los hechos que se le imputan es que una persona se personó en la terminal de vuelos privados bajo su vigilancia, pero que no se identificó como periodista. Dijo que iba a esperar a los pasajeros de un vuelo. El vigilante se retiró a su puesto de vigilancia, circunstancia que aprovechó el periodista para tomar imágenes de la sala Vip vacía, siempre según la versión del trabajador. Indica que Ilunion le informó de que las cámaras de videovigilancia captaron el momento, pero le impidieron verlas.
La situación del trabajador de Ilunion contrasta con la de otro vigilante, J.M.T.O., que también presta servicios en la terminal de vuelos privados de Barajas. Pero en este caso pertenece a otra empresa llamada Clece, quien investigó internamente los hechos tras ver las mismas fotos en la prensa. Sin embargo, no ha adoptado ninguna medida contra su empleado y sigue en su puesto con normalidad, según informó un portavoz.
El sindicato de seguridad privada Alternativa Sindical presentó la semana pasada en los Juzgados de Instrucción de Madrid una denuncia para investigar si el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos presionó a AENA para que a su vez instase a Ilunion a apartar al vigilante.
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