Aquel informe de fiscalización solicitado por Cristina Cifuentes a la Cámara de Cuentas fue emitido un día después de que se publicara que la presidenta madrileña había falsificado las notas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Aún no se anticipaba su caída, pero el caso máster mantuvo al Partido Popular en vilo durante casi un mes.
El 19 de abril, tras varias versiones y un par de disculpas por la polémica, la Comunidad de Madrid denunciaba las "múltiples irregularidades" del Campus de la Justicia, aquel proyecto de Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas. Casi un año después y en plena precampaña electoral, aquella denuncia ha terminado por salpicar a Alfredo Prada, el que fuera vicepresidente de Aguirre y ahora encargado de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP de Pablo Casado.
Este miércoles, Prada ha declarado -durante casi tres horas- como investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Lo ha hecho después de que el magistrado José de la Mata le llamara a comparecer en un auto en el que cita el mencionado informe encargado por Cifuentes.
En los folios presentados por la Cámara de Cuentas se detalla el "caos" detrás del Campus de Aguirre: ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad y la falta de rendición de cuentas. El que también fuera consejero de Justicia difiere. Para él, "está todo justificado", según ha dicho a los periodistas a su salida del juzgado.
Denuncia y dimisión
Han sido citados también tres técnicos del Campus de la Justicia. La imputación para todos ellos llega después de que, al día siguiente de recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado comunicara su decisión de trasladar el caso a Anticorrupción, alegando haber apreciado indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el proyecto.
Con o sin intención, a la semana de aquel comunicado salía a la luz el vídeo en el que se ve a Cristina Cifuentes en 2011 en medio de un presunto robo de productos cosméticos en un supermercado. Ese mismo día, la titular de la Comunidad de Madrid dimitía de su cargo.
Ahora, el ex alto cargo en el Gobierno de Aguirre ha tenido que explicar varias de sus decisiones al frente del consejo de administración de la Ciudad de la Justicia madrielña. Entre ellas, la "materializaron de manera efectiva" de las suscripciones de contratos al policía Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y actualmente imputado en el caso Villarejo.
Irregularidades contables
La Fiscalía ha estimado que durante la gestión del Campus de la Justicia tuvieron lugar "adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público", así como el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, "de los cuales solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado".
En el auto de citación, el magistrado De la Mata ha destacado las diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal. En su informe, la Cámara de Cuentas ha cifrado en 355,5 millones de euros el importe total de la contratación. Sin embargo, de todo el proyecto sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
Rumbo al 28-A
La de este miércoles es la segunda testifical de Prada ante un juez en lo que va de año por casos vinculados a Aguirre. Lo hizo el pasado febrero como testigo en el caso de espionaje a adversarios políticos de la entonces presidenta madrileña. Ahora, sin embargo, destaca como investigado por el agujero del Campus de la Justicia y en plena precampaña de cara a las elecciones generales del 28 de abril.
Tras su relación con Aguirre y su paso por el Congreso de los Diputados, Prada se mantiene en las filas del PP al frente de la Oficina del Cargo Popular, en la que se encarga de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del partido.
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