Son las 16:30 horas de la tarde del pasado martes, 25 de junio, en Bruselas. En una de las salas del Parlamento Europeo, sentados en una mesa lila, Félix Bolaños y Esteban González Pons mantienen una última conversación. Una última reunión tras cientos de mensajes, llamadas y encuentros para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) repartidos a lo largo de casi dos años. Son testigos de excepción el primer presidente de la República Checa, Václav Havel, y la periodista rusa asesinada en 2006 Anna Politkóvskaya, cuyos cuadros cuelgan frente a ellos. Mientras, las esquinas de los negociadores aguardan en la retaguardia, seguras pero inquietas, esperando un OK definitivo tantas veces suspendido sobre la bocina.
Son las 16:55 cuando el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien reconocerá apenas una hora después haber recibido "presiones de todo tipo" y recomendaciones "contradictorias", recibe la confirmación oficial. El contenido de las tres carpetas rojas encima de la mesa –una para Ferraz, otra para Génova y la tercera para una Comisión Europea, árbitro en las negociaciones– está listo para ser firmado. No ha habido filtraciones. Como ha sabido Vozpópuli por fuentes presenciales, ambos equipos negociaron hasta el lugar donde debían estampar la firma el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el vicesecretario de Institucional del PP.
Y es que el grado de desconfianza con el presidente del Gobierno era máximo. El ultimátum lanzado por Pedro Sánchez el pasado 12 de junio, su durísima reafirmación una semana después en el Congreso frente a Feijóo y movimientos como el del Tribunal Constitucional revocando la sentencia contra Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía presagiaban un desenlace fatal. "No nos fiábamos, creíamos que quería reventar el acuerdo", insisten desde el entorno del líder del PP. Esa sensación instalada en el ala noble de Génova de que Sánchez y Bolaños jugaban al poli bueno, poli malo que contó este periódico el pasado 21 de junio.
Por ello, dos miembros de su guardia pretoriana tomaron un vuelo a Bruselas el mismo martes para "evitar cualquier trampa" postrera y apoyar físicamente a González Pons. El director de Comunicación de Génova, Luis de la Matta, y enlace entre los grupos parlamentarios y la dirección nacional, Álvaro Pérez, hombre clave para Feijóo, también presente en conversaciones con el comisario europeo Didier Reynders, desembarcaron en la capital comunitaria para "preparar sobre el terreno" la puesta en escena y la divulgación del acuerdo a los medios.
Ambos negociaron con María Eugenia de la Cera, jefa de gabinete de Bolaños, cómo y dónde se estamparía la firma, a qué lado se sentaría cada uno, la entrada en escena y si la rueda de prensa tendría o no preguntas de los periodistas. "Todo en un clima de cordialidad, sin que hubiera ninguna situación tensa ni hostil", subrayan las fuentes consultadas. A las 17:10 el PP comunicó el acuerdo. A las 17:15, antes que el PSOE, divulgó el texto. Tal era el apetito por escenificar una victoria frente al Gobierno que el vuelo de vuelta de De la Matta y Álvaro Pérez, que llegaron de milagro al Aeropuerto de Zaventem, fue el de Iberia simplemente porque había WiFi.
Una primicia entre tortillas y empanadas
No obstante, el PP respiró un clima dividido hasta que se conoció el acuerdo. Feijóo, con una decisión que comunicó a través de WhatsApp minutos antes tanto a sus presidentes autonómicos como a la cúpula del partido, puso la femoral ante el ala dura. "No podemos fallar. Nos va la democracia en ello", elevó la presión la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entre halagos a Javier Milei y Giorgia Meloni. ¿La única posibilidad de acuerdo? Uno que reflejara ese mantra machaconamente repetido por el PP desde Pablo Casado: "que los jueces elijan a los jueces".
Fue durante una "comida casi de equipo" a principios de la semana pasada cuando Esteban González Pons deslizó la posibilidad de conseguir un "acuerdo potente". Una suerte de primicia lanzada a los miembros del Comité de Dirección durante un almuerzo para celebrar el resultado de las elecciones europeas del 9-J. Un "acuerdo potente", dijo Pons a la cúpula en Ocafú, un restaurante gallego de la calle Sagasta, muy cerca de Génova. ¿Sobre la mesa? Tortillas, empanadas, vino blanco y los "vaciles" de Miguel Tellado y Javier Arenas.
La información aportada de "manera informal" por González Pons sembró de incredulidad a algunos y de sorpresa de otros. Sánchez ya había lanzado su ultimátum mientras Bolaños acababa de ser operado de urgencia por una apendicitis. Muchos vicesecretarios comenzaron a asumir el mensaje. Los más listos supieron que la decisión estaba tomada. Aunque las características del acuerdo la guardaran bajo llave Pons y Feijóo.
La "amistad" de los negociadores
Cuando la tensión crepita hasta en la cantina del Congreso, un pacto como el firmado en Bruselas el pasado martes por Bolaños y Pons adquiere un valor doble. Por mucho que la presión ejercida por la Comisión Europea y el Poder Judicial fuera ya insoportable para PSOE y PP, desprovistos de cualquier treta argumental para postergar la renovación del CGPJ cinco años y medio después de que su mandato caducara. "Pactos de Estado no hay tantos. Es un acuerdo histórico que podía haber encallado de 10.000 maneras distintas", acuerdan en Génova.
"Es casi el principio de una amistad", dijo Pons en la rueda de prensa posterior a la firma. "El acuerdo sale porque Bolaños deja de negociar como fontanero del PSOE y empieza a hacerlo como ministro de Justicia, remando a favor de causa porque tiene que tratar con los jueces todos los días", estiman, en comparación a la sucedido en octubre de 2022.
Tal es el sentimiento de gratitud hacia el ministro de Justicia en el entorno de Feijóo que hasta restan importancia a sus declaraciones en la Cadena Ser poco después de firmar el pacto. Eso sí, para Génova es innegociable que establece la "participación directa" de los jueces en el proceso de selección. "El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial", resumió Feijóo. Un reparto salomónico del Consejo General del Poder Judicial. Tablas.
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