Se llaman Carmen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Hernández y Mercedes Vega. Dicho así, sus nombres puede que no te suenen de nada, pero ellas son el Estado. Las tres primeras son altas funcionarias del Ministerio de Hacienda y la última es la subdirectora general de estudios de la Intervención General, aunque la foto de las cuatro alineadas frente al tribunal parecía la defensa del gran Milan de Sacchi en los noventa. Bastaba una señal de Franco Baresi para adelantar la presión y dejarte en fuera de juego.
Fueron las encargadas de abrir la fase pericial del juicio del procés después de casi tres meses de interrogatorios a más de 420 testigos. Su relato preciso, técnico y minucioso evidenció que cuando los políticos sacan la calculadora, el Estado también lo hace. Y el resultado casi nunca coincide. No en vano, su ex máximo responsable Cristóbal Montoro fue el político que puso en duda que el 1-O se pagase con dinero público.
Unas pocas palabras del ex ministro bastaron para poner en riesgo la malversación de la que se acusa a los líderes independentistas, construida a base de informes policiales y la acción de jueces y fiscales, que también son el Estado. El ex ministro trató luego de arreglarlo cuando le tocó declarar en el juicio, pero no ha sido hasta esta semana cuando la cuestión se ha abordado con precisión.
La malversación
Las peritos dijeron varias cosas importantes. La primera, que no atienden a instrucciones políticas. Y la segunda, que la malversación empieza cuando la Administración contrae la deuda, es decir, cuando el proveedor hace el trabajo y no cuando se factura. Y trabajo en torno al referéndum hubo. En forma de cartelería, puesta en marcha de páginas web, diseños para anuncios publicitarios… Las expertas contrarrestaron la tesis de los acusados apoyada en no pocos testigos que comparecieron ante el tribunal recurriendo a evasivas cuando no a auténticos ataques de amnesia.
Al pronunciar la cifra, de pronto el banquillo de los acusados se quedó en offside
Ninguno recordaba haber cobrado o pagado. Hubo quien incluso declaró haber rechazado pasar la factura. Pero la calculadora de las expertas cifró el montante de la fiesta en 917.648 euros (sin IVA) de dinero público. Al pronunciar la cifra, de pronto el banquillo de los acusados se quedó en offside. Solo faltó que Paco, el secretario judicial que vela por que todo funcione en la sala, levantase el banderín desde la banda. Aunque solo fuera para que alguno de los acusados dejase el móvil y prestase atención a lo que pasa a su alrededor.
La suspensión de los presos
El juicio del procés atisba ya su final, previsiblemente para mediados de junio. Ha entrado en una fase más técnica en comparación con el folclore de los testigos, pero mucho más decisiva para la sentencia. Eso a pesar del ruido de fondo que ha obligado al tribunal a mirar de reojo al exterior a cuenta de la suspensión o no de los presos.
De la breve respuesta -si se le puede llamar así- que Marchena despachó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llama la atención la frase en la que el juez le dice que “la causa penal seguirá su curso”. Algo así como como que no molesten. Dejen de cruzarse por delante de la pantalla que el capítulo está en su parte más interesante y el Estado, trabajando.
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