El Pleno del Congreso dará luz verde este martes a la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y defendida en la Cámara Baja por En Comú Podem.
La iniciativa es la primera que parte de la ciudadanía y, aunque fue inicialmente vetada por el Gobierno del PP, el grupo morado volvió a registrarla junto con Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu tras el fallo del Tribunal Constitucional que dio la razón a la Mesa del Congreso a la hora de levantar los vetos del Ejecutivo.
La encargada de su defensa durante el debate para la toma en consideración es la portavoz de En Comú Podem y responsable de vivienda del grupo confederal, Lucía Martín. Precisamente, ejerció como activista en la propia PAH. "Quien no dé apoyo a la tramitación de esta PL estará donde estaba el PP hace cinco años. Una cosa es la toma en consideración y otra comprometerse con el contenido", apunta.
La iniciativa llega a la Cámara Baja en pleno debate sobre el aumento del precio de los alquileres en las grandes ciudades. La iniciativa contempla una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con la que se pretende dar mayor poder a las entidades locales para regular esos "aumentos abusivos", limitar la rescisión de los contratos y elevar su duración a un mínimo de cinco años.
Actualmente, los morados negocian con el Gobierno medidas en materia de vivienda. De hecho, la semana pasada acordaron poner en marcha una quinta mesa de negociación que aborde específicamente estos temas. La reforma de la LAU es una de las prioridades para En Comú Podem, a cambio de prestar el apoyo del grupo confederal a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Todavía se está organizando la negociación y los miembros no se han sentado formalmente.
En cualquier caso, desde el grupo confederal no quieren que se retrase mucho, puesto que el 15 de octubre el Ejecutivo debería haber entregado el proyecto de Presupuestos. Pero dejan claro que En Comú Podem no va a dar su apoyo los PGE si no hay una reforma de la LAU. Debe incluir "contratos más largos, una mejora de las condiciones para las personas arrendatarias y que los municipios puedan regular los incrementos abusivos de los precios de los alquileres", sentencia Martín. "Eso es una condición porque el PSOE ha votado dos veces a favor de esto en esta legislatura cuando estaba en la oposición. Y ahora que están en el Gobierno, lo mínimo es que sean coherentes con eso", reflexiona.
Por otro lado, la norma contempla elevar el parque público de vivienda y prevé que alquileres sociales no puedan superar el 30% de los ingresos de cada unidad familiar. Asimismo, entra a regular la 'dación' en pago retroactiva; elimina cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas; y deroga la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.
También prevé obligar a bancos y grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de la ejecución de un desahucio y alarga la actual moratoria de desahucios a todas aquellas familias sin alternativa habitacional.
El texto de la proposición de ley no se queda únicamente en el ámbito de los alquileres y las hipotecas, sino que aborda también el problema de la denominada pobreza energética. Persigue impedir cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado y prevé que en lugar de que las administraciones públicas asuman las deudas, sean las compañías suministradoras las que abonen el coste.
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