Alberto Núñez Feijóo presentó este viernes en sociedad el plan de vivienda del PP en el Foro La Toja. Un espacio de ideas que él mismo impulsó en 2019, todavía al frente de la Xunta de Galicia, y que rápidamente cobró relevancia nacional. Durante los 25 minutos que duró su discurso en esta pequeña isla de O Grove, el líder de la oposición siguió desgranando su agenda social, su marcada estrategia para este inicio de curso, con varios guiños culturales. Porque emulando el Ich bin ein berliner de JFK, el líder popular proclamó "yo soy un venezolano" frente a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela; y reconoció ser "lo que se llama ahora un boomer", el término caricaturesco que el argot tuitero emplea, más que al baby boomer, con el adulto desfasado.
Pero Feijóo, habida cuenta de que para poder sacar adelante dicha agenda necesita el apoyo de Junts y PNV, en resumidas cuentas, también se expresó en términos unamunianos. "Se puede convencer sin necesidad de vencer, y se puede ser convencido sin necesidad de ser derrotado", dijo. Una llamada pactista para buscar rendijas de entendimiento con adversarios políticos con los que, no obstante, les une cierto trasfondo ideológico. Amén de cierto pasado común, aunque no queden ni las pavesas de la relación que Aznar mantuvo con Pujol o Arzalluz.
Feijóo habló de liberalizar el suelo, de eliminar y simplificar trabas administrativas, de un plan de ayudas para la compra y el alquiler de vivienda especialmente enfocado a los jóvenes, de la seguridad jurídica de la propiedad privada –¿un guiño tras las críticas a su presunta socialdemocracia?– o de la necesidad de facilitar la expulsión de los okupas. Medidas que el PP plantea desplegar a través de cuatro reformas legislativas –Ley de Vivienda, Ley del Suelo, Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas– y de una ley 'antiokupación' que llevan meses impulsando.
Se trata de una ley que, denuncian en Génova, está en "el congelador de Francina Armengol", según el concepto acuñado por Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, junto a otras 15 leyes más presentadas por el PP en la Cámara Baja desde hace meses. Tras ser aprobada su toma en consideración en el Senado con la abstención de Junts y PNV, en febrero, Génova se refirió a esta ley como "la primera 'Ley Feijóo'". El texto es el mismo. Una norma con la que el PP pretende obligar al desalojo exprés de la vivienda en 24 horas desde que el okupa es requerido por la autoridad, prohibir "que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada", un endurecimiento de las penas previstas por okupación en el artículo 245 del Código Penal, establecer penas para quienes "alienten o fomenten" la okupación y habilitar a las comunidades de propietarios que puedan actuar contra los okupas en procesos judiciales rápidos.
"Esa ley es la que tiene la presidenta sin tramitar, y entendemos que con un presidente del Gobierno como Sánchez, al que le sobra el legislativo, pues es evidente que desprecia la voluntad del conjunto de los ciudadanos que está representada también en el Senado, es de una enorme gravedad", lamenta un miembro de la cúpula de Feijóo. Y es que los populares están convencidos de que nacionalistas vascos e independentistas catalanes, conocida su postura ante la problemática y los pasos dados en este sentido, apoyarían su propuesta de ley. "Sánchez quiere evitar otra derrota", zanjan en Génova.
Para los populares, sería un hito que allanaría el terreno de su plan de vivienda, si bien la dificultad de acometer dicha estrategia es más que compleja, pues quien tiene las riendas de la Cámara Baja es el Gobierno/PSOE a través de Armengol. Por ello, el PP plantea, como hizo con el reconocimiento de González Urrutia como presidente "legítimo y electo" del pueblo venezolano, promover una proposición no de ley en el Congreso con la que se manifieste favorablemente la mayoría del Congreso.
Cabe destacar que para el PNV la okupación es una línea fronteriza con EH Bildu, con quien mantiene una incesante batalla social. Fue en marzo cuando los jeltzales propusieron al Gobierno una reforma legal para posibilitar las desokupaciones exprés, en 48 horas, el doble incluso de lo que el PP ha puesto encima de la mesa. Cuatro meses después, en julio, el PNV incluyó una enmienda al proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de la Justicia en la proponía penas de cárcel de hasta un año para los okupas. Aplicando el método de la gota malaya –okupación, okupación, okupación– el PP espera reafirmar esta sintonía en los próximos días.