El pasado 1 de agosto, el registro general del Congreso de los Diputados recibió las preguntas 'reformuladas' el día anterior por el diputado José Luis Ábalos, en las que el también exministro y exsecretario de Organización del PSOE trasladaba al Gobierno su interés en saber si tanto él como su entorno personal están siendo espiados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Mesa del Congreso justificaba sus reparos en un informe de los letrados de las Cortes que, de acuerdo con lo que trasladó al exministro, estimaba que, en su redacción inicial, las cuestiones planteadas eran del interés exclusivo "de una persona singularizada", por lo que no procedía tramitarlas.
Ábalos modificó entonces las cinco preguntas que inicialmente había dirigido, el 16 de junio, a la Mesa del Congreso tras haber recibido este las objeciones del órgano parlamentario que tutela Francina Armengol.
En consecuencia, el diputado, en un progresivo desencuentro con su expartido que se ha visto espoleado por la auditoría de Óscar Puente, volvió a presentar las preguntas con una serie de modificaciones para dotarlas de un tono más genérico, sin hacer alusiones a su propia persona.
Además, en la última de las cinco preguntas registradas con la nueva redacción, Ábalos eliminó la mención explícita a la Fiscalía Anticorrupción y a la "unidad investigadora" (la UCO de la Guardia Civil) cuando solicitaba saber si la Fiscalía Europea requirió algún tipo de información en relación al 'caso Koldo', que se investiga en la Audiencia Nacional, "el 28/05 o con anterioridad". Ese 28 de mayo fue fechado el informe de la UCO, filtrado ese mismo día a varios medios de comunicación, en el que se asegura que Koldo García envió información de los contratos objeto de la investigación a una cuenta personal del exministro.
Veinte días prorrogables a cuarenta
Según ha podido saber este periódico, la 'reformulación' de las preguntas giradas por Ábalos al Gobierno no ha servido para acelerar la respuesta del Ejecutivo. De hecho, estas no han sido aún publicadas por en el Boletín de las Cortes, lo que indica que, un mes y medio después de que fueran presentadas por segunda vez, ni siquiera han sido ni calificadas aún por la Mesa del Congreso.
El trámite parlamentario desde el registro de las preguntas dirigidas por diputados y senadores al Gobierno pasa por la calificación inicial de la Mesa de la Cámara correspondiente, su consiguiente admisión y la inmediata remisión de las mismas al Ejecutivo, que dispone de un plazo máximo de veinte días para emitir su respuesta, prorrogables a cuarenta días si así lo concede la Mesa. Igualmente que las preguntas, las respuestas son publicadas en la sede electrónica del Parlamento tras haber sido notificadas al interesado.
El pasado 24 de julio, solo un día después de que la Mesa se negara en a calificar en primera instancia las preguntas de Ábalos, el exministro presentó una denuncia ante la Fiscalía por revelación de secretos y de comunicaciones con "el ruego de que se investigue a los responsables de tales acciones" al considerar que es víctima de un proceso de "espionaje" sobre su persona, desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, instigado a su parecer por el Ministerio del Interior. El 'bloqueo' de la Mesa fue determinante para que Ábalos decidiera acudir a la Fiscalía, según ha sabido Vozpópuli.
Con posterioridad, en concreto el pasado 12 de agosto, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia propia para su reparto en los juzgados de instrucción de la capital de España que secundaba la que presentó el exdirigente socialista ante el Ministerio Público.
