"A viva voz". Así ha informado a la Mesa del Congreso el letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, del desdén a la decisión tomada por el Senado este lunes de devolver a la Cámara Baja la conocida como 'reforma Txapote' que, a la postre, dejará con un pie en la calle a 44 terroristas de ETA. "Tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, [la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar] ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que será enviada al BOE para su publicación", rezaba el escueto comunicado remitido a los medios de comunicación alrededor de las 11 de la mañana.
La polémica, por tanto, está servida. Como relatan a Vozpópuli fuentes de la Mesa del Congreso, la presidenta la institución, Francina Armengol, ha llevado el "documento a la Mesa en mano" y ha informado de forma "verbal" sobre el contenido del mismo. Por su parte, en el PP rebajan que lo aportado por Armengol sea un "informe" como tal y muestran su total escepticismo con las "recomendaciones" aportadas por Galindo, que consideran elaboradas rápidamente ad hoc. Además, desde el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, que esta tarde tomará una decisión, no descartan a estas horas la posibilidad de recurrir ante Tribunal Constitucional.
Un nuevo choque institucional entre el Congreso y Senado, en definitiva, carbura con la hoja de ruta entre el Gobierno y EH Bildu de nuevo en el horizonte. El presidente del Senado, Pedro Rollán, anunció este lunes tras la votación en contra del pleno a la citada ley que entendía ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello se devolvía al Congreso, decisión avalada por un informe de 12 páginas de los letrados de la Cámara Alta.
No obstante, el veto sui generis del Senado, no es sino papel mojado para Armengol. Reunida de manera paralela a estas horas la Mesa del Senado, fuentes del órgano informan a este periódico que la "posibilidad de recurrir al TC sólo cabe a senadores y diputados".
"La letrada mayor es categórica"
"La letrada mayor es categórica". Así celebraban este lunes fuentes de la Mesa del Senado el informe de la letrada mayor de la Cámara Alta, Sara Sieira, que contra todo pronóstico devolvió la reforma de la conocida como Ley de Antecedentes al Congreso de los Diputados, pese a que en su tramitación el PP no incluyó ningún veto ni enmienda. "No hay precedentes de un rechazo por mayoría absoluta a un proyecto de ley que no haya sido enmendado en Comisión", apuntaban rápidamente desde la bancada popular, donde casi todos daban por hecho que verían el texto publicado en el BOE, como parece ser que sucederá finalmente.
"Un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados", razonaba el informe de la Secretaría General del Senado, dando la razón a la mayoría absoluta del PP en la Plaza de la Marina. "Un rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta, sin haberse presentado veto ni enmiendas, es un caso inédito", reconocía el informe que, encuentraba en la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002 una suerte de precedente.
"A la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002, puede considerarse de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento del Senado, como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso", argumenta. Dicha sentencia hacía referencia a la proposición de ley por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza en 1995 con el voto en contra del pleno del Senado por mayoría simple. "Ni en la Sentencia del caso Ses Salines ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente".
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