La Asociación de Historia Contemporánea, que se fundó en 1988 con el fin de promover la investigación, la enseñanza y las publicaciones relacionadas con la historia contemporánea, ha acusado al Tribunal Supremo de contravenir la opinión mayoritaria entre los historiadores acerca de la Jefatura del Estado de Francisco Franco al situar su inicio el 1 de octubre de 1936. "Suspender temporalmente la exhumación con la argumentación señalada, constituye una ofensa a las víctimas", consideran.
En el auto en el que los magistrados argumentan los motivos para fallar a favor de paralizar cautelarmente la exhumación de Francisco Franco, los jueces de la Sala III reconocen los "rasgos especiales" que concurren en este caso, habida cuenta de que "Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975", y atribuyen "un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho".
Pero la citada asociación no está de acuerdo. En un comunicado divulgado este jueves, los socios -entre los que encuentran diversas universidades, centros de investigación y centros de formación del profesorado-, explican que "más allá de la problemática específica de la exhumación de los restos del dictador, la forma en que lo argumenta el Tribunal Supremo contraviene la opinión mayoritaria. "En esa fecha en España existía un único Jefe del Estado legítimo, el presidente de la II República, Manuel Azaña. Es este un hecho incontestable", zanjan.
Golpe de Estado
Cuestionarlo como hace el Tribunal Supremo, dice esta entidad, implica "la legitimación de hecho, a posteriori, de un golpe de Estado, el del 18 de julio de 1936, que generó una guerra civil, con cientos de miles de muertos, y una represión brutal que costó la vida a otras decenas de miles".
Comunicado de nuestra asociación sobre el auto de 4 de junio del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de los restos de Francisco Franco. Agradeceremos la máxima difusión posible. pic.twitter.com/ywi1BwPO5d
— Asociación de Historia Contemporánea (@Ahistcon) June 6, 2019
Según los historiadores y profesores que forman parte de esta asociación, suspender temporalmente la exhumación con la argumentación señalada "constituye una ofensa a las víctimas; al depositario de la voluntad nacional, el Parlamento español, que aprobó la exhumación; al gobierno democrático de la nación, que la ordenó; y a toda conciencia cívica y democrática, española e internacional".
Además, destacan que en distintos países europeos "que han tenido que afrontar las herencias y traumas generados por dictaduras antidemocráticas, como la Italia fascista, la Alemania nazi o la Francia de Vichy, es motivo de debate la cuestión de hasta qué punto los historiadores pueden o no convertirse en "autoridades" a la hora de determinar o condicionar procesos judiciales o disposiciones
gubernamentales".
"Intromisión inaudita"
Aunque señalan que "todo esto puede ser discutible", insisten en que en ninguno de esos países se plantea "justamente lo contrario": "que sea el poder judicial el que determine la 'verdad histórica'". "Esta es una intromisión inaudita a la que solo ha llegado el Tribunal Supremo español", denuncian. Este grupo de historiadores, presididos por Ismael Saz Campos, de la Universidad de Valencia, advierte también sobre las posibles implicaciones que, según su criterio, podría tener este hecho.
Abre la vía a eventuales derroteros de judicialización de la historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes"
"Podría llegar a tener efectos sobre la libertad de los historiadores eventualmente obligados a confrontar sus propias investigaciones con instancias que nada tienen que ver con su profesión", opinan. "Sitúa a España, a su judicatura y, por extensión, a la democracia española en el furgón de cola de las europeas", añaden. Finalmente, la asociación cree que el argumento que aparece en el auto del TS "abre la vía a eventuales derroteros de judicialización de la historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes".
Tras la polémica despertada entre los historiadores a cuenta de la fecha, fuentes de la Sala III del Tribunal Supremo aseguraron a Vozpópuli que el auto "no busca legitimar ni legitima el golpe de Estado" perpetrado por Franco. "Al contrario", defienden, "se trataba de resaltar las condiciones especiales" que caracterizan a este caso, que no es una "cuestión menor", por lo que "prima el interés general por encima del particular o de la familia".
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