Una delegación de las principales asociaciones constitucionalistas y favor del bilingüismo en las escuelas catalanas se ha desplazado este miércoles a Madrid para mostrar su oposición a la reforma educativa de Isabel Celaá que pretende eliminar el castellano como lengua vehicular en las regiones con idiomas cooficiales. "Seguiremos acudiendo a los tribunales y a instancias internacionales" para garantizar que "se respete la Constitución", han afirmado.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB); José Domingo, por Impulso Ciudadano; Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil Catalana y Julia Moreno, del sindicato estudiantil S’ha Acabat! han sido los cuatro portavoces que han viajado hasta la capital para reunirse con representantes de PSOE y Podemos, así como de los principales partidos de la oposición: PP, Vox y Cs. Les ha acompañado también Chantal Moll, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Barcelona y fundadora de Universitaris per la convivencia, así como Toni García Pérez, portavoz de Izquierda en positivo.
Los cuatro portavoces consideran que la modificación de la Ley Orgánica de Educación envía un "mensaje de desamparo" a todos aquellos que en Cataluña defienden una educación bilingüe acorde con "una sociedad bilingüe"y han citado las "recomendaciones de la UNESCO" para que los niños puedan ser educados en su lengua materna: "Más de la mitad de niños catalanes son educados en una lengua que no es la suya materna, lo que es contrario a las recomendaciones de la UNESCO y lo que origina, como ha sido ya demostrado, que los niños castellanohablantes en Cataluña obtengan peores resultados que los niños catalanohablantes".
"Proyecto nacionalista"
Asimismo, han advertido de que la "exclusión del castellano" tiene "un fin claramente político que sirve al proyecto nacionalista que pretende separar Cataluña del resto de España rompiendo todos aquellos vínculos que unen a los catalanes con el resto de españoles." "Ninguna política, legítima, de protección a la riqueza y diversidad lingüística española ha de convertirse en instrumento para denigrar la condición del español de lengua común".
En este sentido solicitan al Gobierno que se "mantenga el carácter del castellano como lengua vehicular" en las autonomías con lenguas cooficiales, que se "reconozca el derecho lingüístico de los alumnos a ser escolarizados en castellano", que la normativa "acomode su texto" a los principios establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística, es decir, que también se establezca la "proporción mínima" de castellano para los modelos de conjunción lingüística, y, como desveló Vozpópuli, que se "lleven a cabo pruebas de evaluación comunes para toda España".
Vía judicial
Estas asociaciones ya explicaron que si el Ejecutivo no está dispuesto a que se cumpla la ley en Cataluña mantendrían la vía judicial abierta para que se respeten los derechos de los castellanohablantes. Aunque creen que los tribunales les darán la razón, temen que el cambio legislativo de Celaá, con la exclusión del castellano como lengua vehicular, pueda dar pie a nuevas interpretaciones favorables a los intereses nacionalistaas.
Su visita de este miércoles en Madrid tiene como finalidad convencer al Gobierno de coalición que corrijan algunas de los puntos de la ley que contravienen la jurisprudencia que existe hasta la fecha. De momento, sin embargo, la ministra de Educación mantiene que la reforma educativo es plenamente "constitucional".
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