El presidente de honor de BBVA, Francisco González (FG), está en el ojo del huracán judicial por sus presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo para abortar mediante un espionaje masivo una OPA que la constructora Sacyr pretendía desarrollar en 2004 contra el banco.
Y todavía FG está más señalado desde que este martes se conociera que el magistrado que instruye la causa 'Tándem' en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha abierto una nueva pieza separada en el caso, denominada 'Trampa', en la que se investigan los encargos del banco al presunto clan policial mafioso encabezado por Villarejo.
'Vozpópuli' ha consultado con juristas de prestigio para tratar de determinar los delitos que presuntamente podría haber cometido Francisco González y su cúpula directiva, al igual que la entidad financiera como persona jurídica. Y estos expertos apuntan a que, si los delitos se hubieran cometido desde 2004 hasta la actualidad, el presidente de honor de BBVA podría haber podido cometer de forma indiciaria delitos continuados contra el mercado, revelación de secretos, escuchas ilegales y cohecho.
En este sentido, este diario publicó la existencia de un acuerdo de rescisión de contrato entre el hijo de Villarejo y el jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano. Esta podría ser una prueba de que los contratos de 2004 sobre la OPA de Sacyr podrían haberse extendido hasta el presente. Sin embargo, este acuerdo solo alude a los dos últimos años.
Contra los mercados
Fuentes consultadas destacan que si se confirman los primeros indicios publicados y que obran en la nueva pieza separada del caso 'Tándem', Francisco González y la propia entidad financiera, como persona jurídica, podrían llegar a ser imputados por un delito contra los mercados.
Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Fernández Vega, hace hincapié en el hecho de que una persona jurídica, como es el BBVA, pueda llegar a ser imputada por una treintena de delitos. Según ha confirmado 'Vozpópuli' los delitos contra los mercados sí pueden ser imputados a las personas jurídicas.
Las citadas fuentes tampoco descartan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda llegar a abrir una investigación administrativa sobre los hechos, e incluso, llegado el momento, imponer una multa a la entidad financiera de forma independiente a la causa penal.
La CNMV y el Banco de España
Precisamente, la CNMV sigue con atención el escándalo por el impacto que pudiera tener en la entidad, y si hay responsabilidades patrimoniales futuras derivadas de un procedimiento judicial, vigilará que tengan un reflejo correcto en las cuentas de BBVA y en la información financiera que el banco facilita al mercado, según informa Efe.
Otros organismos que también podrían investigar el caso es el Banco de España, cuyo gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado al sector financiero español realizar "un particular esfuerzo para mejorar su reputación e introducir medidas que mitiguen el riesgo de comisión de conductas inapropiadas".
Otras fuentes judiciales consultadas por este diario apuntan, además del delito contra los mercados, a la revelación de secretos, escuchas ilegales y cohecho, al margen de la responsabilidad civil que pueda tener el banco al margen de la penal.
En el mismo sentido, y si se pudiera probar que no solo Francisco González y su jefe de seguridad, Julio Corrochano, estaban al margen de la contratación del clan policial mafioso, otros integrantes del consejo de administración, que hubieran conocido o propiciado el espionaje, podrían acabar investigados.
"Los miembros del consejo podrían ser imputados en la medida que hubieran tenido conocimiento de los encargos ilícitos", apuntan las citadas fuentes judiciales, que reclaman su anonimato, pero que apuntan otros posibles delitos que podrían haberse cometido: "Intromisión en la intimidad por escuchas ilegales y revelación de secretos de empresa".
Manuel Conthe
Según apunta la Agencia Efe, algunos de personajes públicos que supuestamente aparecen en las escuchas podrían emprender acciones legales contra el banco, si bien Manuel Conthe, uno de los afectados, considera que los hechos han prescrito por lo que no cabe denunciar.
Por su parte, el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, investigado por estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal, ha denunciado a FG y otros directivos de BBVA ante un juzgado madrileño por cohecho y administración desleal.
En 2016, BBVA se personó en la causa contra Manos Limpias, a la que acusaba de poner en marcha un campaña de acoso y desprestigio después de que la entidad diera por finalizado cualquier patrocinio o publicidad con esta asociación.
En este sentido, cabe también la posibilidad de que accionistas del banco consideren que se les ha perjudicado y emprendan acciones legales contra González por administración desleal.
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