El presidente del Gobierno prepara su ofensiva contra los medios de comunicación mientras las asociaciones de prensa guardan silencio. Prefieren no pronunciarse hasta conocer el contenido de las medidas que presentará Pedro Sánchez antes de verano bajo el envoltorio de "agenda de regeneración democrática". El discurso del presidente socialista contra la prensa crítica se ha endurecido en los últimos meses, coincidiendo con el estallido del caso Koldo, las informaciones sobre el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez y los beneficios fiscales de su hermano, contratado por la Diputación de Badajoz.
Hasta tal punto llega la cruzada del Gobierno contra los medios de comunicación que ya se niega a responder preguntas parlamentarias por escrito si están basadas en "informaciones periodísticas". Desde de la Asociación de la Prensa de Madrid apuntan en declaraciones a este medio que no puede pronunciarse sobre el plan de "calidad democrática" de Sánchez "hasta que no conozca el contenido de lo que pretende hacer el Gobierno".
En la misma línea, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) señala que "hasta que no sepamos en qué consiste el plan para la denominada 'regeneración democrática' que afectará al ejercicio de la profesión periodística, no podemos hacer valoraciones sobre la misma".
La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se ha negado a responder a las preguntas de este periódico.
La APM carga contra la retórica del fango
La Asociación de la Prensa de Madrid se ha mostrado particularmente crítica con la retórica del fango a la que Sánchez nos viene acostumbrado desde hace tiempo. Una retórica que no tardó en ser imitada por el resto de integrantes del Consejo de Ministros y cargos socialistas.
La APM "rechaza que se siembren dudas sobre el ejercicio de la profesión periodística por el mero hecho de que se publiquen informaciones críticas hacia el Gobierno, algo que siempre ha existido".
Además, alude a un comunicado donde recordaba al presidente "que existen mecanismos en nuestro sistema judicial y también en el ámbito profesional, como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, a los que se puede acudir si se considera que se ha producido algún tipo de infracción".
Sánchez y el manual de Podemos
El primer partido que en los últimos tiempos trató de poner coto a la prensa fue Podemos, que bajo la batuta de Pablo Iglesias defendía en sus comienzos una ley de prensa al estilo ecuatoriano. Años después, en 2021, el PSOE apoyó una PNL de Podemos donde solicitaba la creación de una herramienta de fact-checking para la detección de bulos.
El PSOE, en aquellos momentos, mostraba su preocupación por la influencia rusa en medios nacionales y los movimientos de desinformación que tuvieron su origen con la pandemia de coronavirus. En ningún momento se plantearon tomar medidas contra la prensa por otras razones.
Sánchez, sin embargo, continúa su proceso de podemización, y asuma ahora una estrategia contra los medios que ha sido aplaudida sobre todo por el partido morado.
La formación de Ione Belarra, adelantándose a Sánchez, ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que las personas que dirijan contenidos en medios de comunicación estén obligados a presentar una declaración de bienes e intereses en el Ministerio de Presidencia, una declaración que podría ser consultada públicamente.
Su propuesta va más allá, y pretende la creación de un Consejo del Derecho a la Información, "elegido por la ciudadanía", para "garantizar el pluralismo e imponer sanciones, y se incorporarían medidas para regular la publicidad institucional".
Directiva europea sobre la libertad de prensa
A la espera por conocer las medidas que prepara el Ejecutivo de Sánchez, España deberá transponer en el próximo año una directiva europea sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Una norma en la que se obligará a los medios a hacer públicos sus anunciantes y fuentes de financiación, pero que también blinda a la prensa en el desempeño de sus funciones, así cómo el derecho a la anonimidad de las fuentes. También garantizará la transparencia de la publicidad estatal para los prestadores de servicios de comunicación y las plataformas en línea
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