La Audiencia Nacional considera que la investigación de la compra del ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que en estos momentos desarrolla la juez de Estepona Isabel Conejo, es "sustancial" para determinar las presuntas ilegalidades cometidas por los integrantes de la trama Lezo, liderada por el propio González, según aseguran fuentes del caso a Vozpópuli.
De hecho, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actúan como Policía Judicial del magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ya analizan la documentación informática requisada en el registro realizado en noviembre pasado en el ático de lujo de González.
El pasado 9 de abril, la juez de Estepona dictó un auto, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el que promovía su inhibición en favor de la Audiencia Nacional, que investiga a González como presunto cabecilla de la trama Lezo.
Denuncia del SUP
De prosperar esta decisión en la Audiencia Provincial de Málaga, el caso se enviará a la Audiencia Nacional, en concreto a García-Castellón, que deberá decidir si acepta investigar los hechos, que están judicializados tras denunciarlos el abogado Javier Carnerero en nombre del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
A este auto ya se han opuesto los tres imputados en Estepona: el propio Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, pero también el letrado de la sociedad Coast Investors, cuyo representante legal, Rudy Valner, trabajó para una de las empresas de Cerezo.
El abogado de González basa su rechazo a que la compra del ático se investigue en la Audiencia Nacional en el contenido de un escrito remitido el 4 de abril por el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que se asegura que en el caso Lezo no se investiga la adquisición a la sociedad Coast Investors del ático en diciembre de 2012, por lo que ambas causas "no deberían mezclarse", indica el recurso de González.
Por su parte, el letrado de Cerezo, que considera que la inhibición "es contrario a derecho" y lesiona los derechos fundamentales del empresario madrileño, considera que tras varios años de "extenuante" investigación no hay elementos para sostener por más tiempo una causa abierta hace seis años.
Tampoco existe, prosigue la defensa de Cerezo en su recurso de 19 de abril, ningún elemento que vincule la investigación del ático con la trama Lezo, presuntamente liderada por González.
"Trasiego de causas"
"Si no se quiere lesionar los derechos fundamentales del señor Cerezo y se pensase hipotéticamente en acceder a la pretensión de acumulación debiera decretarse, en coherencia, el sobreseimiento y archivo respecto de su persona", completa el letrado del presidente del Atlético de Madrid, que concluye: "No se justifica que el señor Cerezo quede a merced del trasiego de causas entre distintos juzgados".
La acusación popular, que ejerce la Asociación de ex Trabajadores de Telemadrid despedidos en el ERE, sí apoya la inhibición decretada por la juez, y recuerda que en el caso del ático se investiga si el inmueble es "una dádiva recibida por González como consecuencia del ejercicio de su cargo, al favorecer a terceras personas".
El letrado Javier Carnerero, que ahora ejerce la labor de acusación de los extrabajadores de Telemadrid, destaca en su escrito que los delitos "de procedencia" son los que viene investigando la Audiencia Nacional, los relacionados con el Canal Isabel II y sus contratos con otras entidades, entre ellas las del señor Cerezo como antes se ha explicado, y de estas entidades con otros entes públicos dirigidos también por González, como Telemadrid".
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