La gestión de materias migratorias se ha convertido en una prioridad de primer orden para el independentismo catalán. Prueba de ello es el discurso de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orrols, de Aliança Catalana, quien apuesta abiertamente por la “expulsión definitiva” de los inmigrantes al “Estado español”. Y ahora, en plena negociación por sacar adelante dos decretos ley, Junts ha conseguido arrebatar el compromiso del PSOE para transferir las competencias de inmigración y fronteras a Cataluña. Una promesa cuya viabilidad cuestionan expertos, en base a aspectos técnicos y legales.
¿Hasta qué punto alcanza la cesión de las competencias en materia migratoria? Esa es la pregunta que formulan voces internas de la Policía Nacional. El partido de Carles Puigdemont asegura que la transferencia es absoluta y que así lo recoge el pacto firmado por escrito con el PSOE este miércoles, a cambio de su abstención en dos decretos ley, los referentes al anticrisis y al ómnibus.
El artículo 149 de la Constitución Española destaca que “el Estado tiene competencia exclusiva” en materias relacionadas con la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. No obstante, también se contempla en el 150.2 que el Estado “podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal”.
Esa es la fórmula a la que tendrá que recurrir el Gobierno de coalición para transferir las competencias migratorias a Cataluña. Su tramitación requerirá una nueva mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y después deberá pasar por el Senado, donde la oposición podría retrasar su devolución a la Cámara Baja.
Pero, más allá de los aspectos legislativos, las cuestiones técnicas son las que realmente inquietan a las fuerzas de seguridad, toda vez que una hipotética transferencia en materia de inmigración supondría un cambio sustancial en los despliegues operativos en Cataluña, vaciando las competencias de Policía Nacional y Guardia Civil para dotárselas a los Mossos d’Esquadra.
Sin avales técnicos
Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli inciden en que el acuerdo de PSOE y Junts no cuenta con avales técnicos preliminares que justifiquen la necesidad de la cesión de las competencias ni desarrollen las fórmulas necesarias para ejecutar la transferencia, que obligará a la policía autonómica catalana a un despliegue en puntos fronterizos -como espacios marítimos o en aeropuertos- que ahora corresponden a Policía Nacional y Guardia Civil.
También genera incertidumbre la capacidad que tendrá el Gobierno catalán para gestionar centros de internamiento o la situación de los inmigrantes que se encuentren en la región de forma irregular. Junts defiende que el pacto con el PSOE incluye la gestión absoluta de “flujos migratorios”, lo que en cierta medida supondría su capacidad para bloquear el reparto de inmigrantes con destino a Cataluña, tal y como ha hecho Moncloa con todas las comunidades autónomas para aliviar la presión en Islas Canarias a partir de la última crisis migratoria-.
PN y GC en Cataluña
Fuentes sindicales y asociativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil mantienen sus dudas sobre la viabilidad de la ejecución de esta transferencia. “se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional”, argumentan desde la Confederación Española de Policía (CEP).
Este sindicato denuncia que la decisión no obedece “a un proceso sosegado y riguroso de análisis de
necesidades” o a la “conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos”: “La medida anunciada hoy responde a aplicación de un criterio de conveniencia política cuyo fin último no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, considera que “no podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras”, al mismo tiempo que pide amparo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que defienda sus competencias en Cataluña.
Del mismo modo, Jupol asegura que la transferencia de materias migratorias y de extranjería supone “una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnico y/o operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas”.
La polémica ha llegado igualmente hasta la Guardia Civil. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, afirma en conversación con Vozpópuli que “el traspaso de competencias sólo alude a intereses partidistas con la intención de desmantelar la operatividad de la Guardia Civil y tratar de expulsar de Cataluña a los guardias civiles”.
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