Máxima tensión institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El presidente Pedro Sánchez ha amenazado a Isabel Díaz Ayuso con decretar el estado de alarma en la región si no aprueba una orden con las medidas de control de la pandemia del coronavirus que exige el Ministerio de Sanidad. La intervención de Sánchez culmina más de dos semanas de un tira y afloja político e ideológico entre Sánchez y Ayuso que ha sumido a la capital de España y los municipios madrileños en una guirigay de restricciones y medidas contradictorias, que los tribunales han acabado tumbando.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha provocado que un territorio líder en Europa y Occidente en número de contagios por coranavirus no tenga ahora mismo una sola limitación de movilidad en vigor a las puertas del puente festivo del 12 de octubre. La dejadez de Sánchez, por un lado, que se ha negado sistemáticamente a impulsar una legislación alternativa que se adapte a un virus inédito. Y el órdago de Ayuso, por otro, que ha utilizado la derrota del Gobierno en los tribunales para arrogarse una victoria política; han conducido a España a un callejón sin salida.
Sánchez ha optado por la solución drástica. Y ha dado un ultimátum a Ayuso. El presidente del Gobierno ha amenazado con intervenir Madrid y retirarle las competencias autonómicas con el estado de alarma si la Comunidad no adopta una orden que recoja las mismas restricciones que ha anulado el tribunal. El Gobierno ha pedido a Ayuso que se ampare en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Es la misma ley que reivindicó el PP como alternativa al estado de alarma durante la primera ola de la pandemia.
Ayuso pide tiempo
Ayuso ha pedido a Sánchez hasta el viernes por la mañana para tomar una decisión, según han informado fuentes de La Moncloa. La Comunidad, dice el entorno de Ayuso, está trabajando en una orden, pero no ha precisado si acatará la orden de Sánchez o propondrá confinamientos selectivos por áreas sanitarias y distritos como hizo algunos días. El presidente del Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el viernes para declarar el estado de alarma si fuera necesario. Sánchez ha mantenido en su agenda la visita con el rey Felipe VI a Barcelona, prevista a primera hora de la mañana.
El choque entre Madrid y el Gobierno ha rebasado todos los límites imaginables este jueves. La pandemia ha costado la vida a decenas de miles de personas en España. Pero la gestión de la crisis sanitaria en su segunda ola es el escenario sobre el que PSOE y PP libran su batalla política e ideológica.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la orden del Ministerio de Sanidad que obligó a Ayuso a cerrar Madrid y otra decena de municipios de la región. El tribunal entiende que el Gobierno se ha amparado en una ley ordinaria que no permite restringir derechos fundamentales. La resolución ha sido un severo correctivo para el Gobierno y en especial para Salvador Illa. El ministro de Sanidad se empeñó en aprobar una orden por la vía rápida hace una semana y la justicia le ha respondido que trabaje en una legislación específica contra la pandemia y evite atajos.
Crónica de una ruptura
La decisión del Tribunal ha devuelto la libertad de movimiento a Madrid a las puertas del puente del 12 de octubre. Y ha generado una considerable alarma en La Moncloa, la propia Comunidad y autonomías limítrofes como las dos Castillas, que temen un éxodo masivo de madrileños en los próximos días. Madrid es uno de los territorios con mayor índice de contagios de covid-19 en toda Europa.
Todo estaba dispuesto para que Gobierno y Comunidad se reunieran de urgencia a primera hora de la tarde del jueves para negociar una solución. Illa había convocado al grupo de coordinación con la región. Y había hecho regresar a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que estaba en Valencia y forma parte de este grupo. Los representantes de la Comunidad de Madrid en este grupo son el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Sin embargo, los puentes se rompieron abruptamente en cuestión de minutos. La Comunidad se echó atrás poco después de que Sánchez dijera en Argelia que declarar el estado de alarma es una de las opciones para confinar Madrid. El gobierno autonómico informó entonces de que estaba trabajando en su propia orden y que no se reuniría con los ministros hasta el viernes.
La respuesta del Gobierno fue contundente. Sánchez telefoneó a Ayuso y le informó de su determinación de decretar el estado de alarma en Madrid de forma inmediata. La única solución alternativa que le ha ofrecido es que la orden contenga las medidas que exige el Ejecutivo central.
Consejo de ministros el viernes
Por si caso, Sánchez ha convocado a su Consejo de Ministros. La Moncloa ha precisado que el estado de alarma recogerá las restricciones de movilidad para Madrid y otros nueve municipios de la región que incumplen los tres criterios fijados por Sanidad: más de 500 casos por 100.000 habitantes; tasa de positividad superior al 10% en PCR; y ocupación de UCI igual o superior al 35%.
La Constitución reconoce al Gobierno la potestad de decretar el estado de alarma en todo el país o en una parte del territorio nacional. El decreto tiene una vigencia de 14 días, y si Sánchez quiere prorrogarlo debería llevarlo al Congreso.
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