El exjuez Baltasar Garzón y una treintena de juristas, entre ellos 3 magistrados eméritos del Supremo -José Luis Martín Pallín, Fernando Salinas y Jordi Agustí-, han suscrito un manifiesto de apoyo al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras el comunicado del Poder Judicial contra sus críticas a la sentencia que condena a la dirigente de Podemos Isa Serra.
Los firmantes consideran "grave, muy grave", que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se efectúe "una 'amonestación' a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno", reproche que ven como "una interferencia inadmisible en un Estado de derecho".
Este nuevo choque entre Iglesias y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el segundo en cien días de Gobierno de coalición, se produjo esta semana tras el comentario que publicó el vicepresidente en su perfil de Twitter criticando la condena a la diputada madrileña de Podemos Isa Serra por atentado a la autoridad y lesiones cuando trataba de impedir un desahucio.
Para esta treintena de juristas, "esa nota de la comisión permanente del CGPJ -con un voto en contra- supone una interferencia inadmisible en un Estado de derecho y confunde la independencia judicial", además de no respetar la libertad de expresión de Iglesias.
Iglesias "ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible 'cuestionar una actuación judicial'", defienden los firmantes
Acusan además al CGPJ de tergiversar las palabras de Iglesias en Twitter, donde señaló: "Mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".
Según el manifiesto, afirmar que de ese comentario se deduce "una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles", "resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje".
"Libertad de crítica"
Iglesias "ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible 'cuestionar una actuación judicial'", defienden los firmantes, que destacan que no se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces.
Tras compartir la opinión de Iglesias acerca de la sentencia, que consideran que "incurre en graves errores de paradigma probatorio", insisten en que "cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello, como por otra parte es una práctica común que se ha venido haciendo elogiosa o críticamente en otros asuntos judiciales sin que, razonablemente, el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz".
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