La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, lo tiene claro: en el futuro habrá que financiar parte del sistema de Seguridad Social con impuestos, pero sin cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones y sin crear un impuesto concreto para las pensiones. Esto significa que finalmente no se sacarán del sistema las pensiones de viudedad y orfandad, una posibilidad sobre la que se ha especulado estos meses, y que el PP no apoyará la propuesta del impuesto específico para financiar las prestaciones si finalmente llega al Pacto de Toledo.
Prácticamente todos los partidos coinciden en que habrá que financiar parte del desequilibrio del sistema con impuestos. Sobre todo ahora que va a acabar con el mayor desfase de todos los tiempos. Y una vez que se supere el déficit, habrá que seguir financiando parte de las prestaciones con cargo a la recaudación fiscal. El número de jubilados no hace más que aumentar y lo seguirá haciendo el futuro, mientras la fuerza laboral disminuye. Los peores años, tal y como certifican todos los expertos, se vivirán entre el año 2025 y 2050, cuando se jubilará casi toda la generación del ‘baby boom’ y todos los partidos quieren llegar preparados a ese momento.
En cualquier el Partido Socialista el primero en hablar de la posibilidad de crear un impuesto específico para financiar las pensiones. De hecho, incluyó esta propuesta en su programa electoral de las últimas elecciones. Pero lo cierto es que hasta el propio partido empieza a recular. La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, dice que algunos ejemplos de financiaciones finalistas, como la tasa judicial, demuestran que las figuras tan específicas no suelen aportar mucha recaudación.
Pero esta no es la única propuesta en la que trabaja el PP. Este martes arrancó el trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo con el mandato de consensuar las nuevas recomendaciones para la esperada reforma de pensiones antes de primavera. Báñez ha sido la primera en comparecer y ha dejado ya sobre la mesa cuatro propuestas sobre las que trabajar: la conversión de las reducciones a la Seguridad Social en bonificaciones para evitar la pérdida de ingresos, la mejorar de la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes, la prolongación voluntaria de la vida activa y el impulso de la lucha contra el fraude.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, será el siguiente en pasar por la Comisión del Pacto de Toledo
Después de Báñez, pasará por la Comisión el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, previsto inicialmente para después del puente de diciembre. Sin embargo, los portavoces de la Comisión quieren acelerar el proceso y fijar un criterio específico para las comparecencias, puesto que después de Burgos tendrán que ir los agentes sociales (CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme) y numerosos expertos y académicos que pasarán a contar sus propuestas.
Una vez conocida la opinión de todos los expertos, la Comisión quiere pactar sus recomendaciones y enviarlas al Gobierno en primavera para que el Ejecutivo se ponga a trabajar cuanto antes en la que será sin duda una de las grandes reformas de la próxima legislatura. El tiempo apremia y el Gobierno tiene el reto de garantizar la suficiencia del sistema y su viabilidad. Sobre todo si, tal y como ha dicho la ministra, quiere preservarlo tal y como lo conocemos y que siga siendo un sistema de reparto, solidario y resistente a las crisis económicas.
La mayoría de los expertos no dudan: ahora hay que actuar por la vía de los ingresos porque las últimas reformas se han centrado en los gastos y van a reducir las prestaciones en un 40% de aquí al año 2050. España tiene un nivel de recaudación bajo en comparación con el resto de países de la OCDE, así como un bajo nivel de gasto y de gasto en este tipo de prestaciones. Puede ingresar más y puede gastar más si consigue hacer viable el sistema.
El envejecimiento de la población es el principal problema, pero la poca calidad del empleo también influye en las cotizaciones
El principal problema es demográfico, de eso no cabe duda, pero el sistema adolece también de problemas económicos por el tipo de empleo que se está creando en la salida de la crisis: de baja calidad y de poca duración, lo que afecta inevitablemente a las cotizaciones. De hecho, esto explica que los ingresos sigan 5.000 millones por debajo de los que había en 2011, a pesar de que ya hay más afiliados al sistema que en ese momento.
En cualquier caso, lo que tienen claro todos los expertos y los partidos políticos es que hay que trabajar cuanto antes en la reforma para hacer viable el sistema. Y todos han mostrado su disposición a hacerlo desde el consenso, porque las pensiones son un tema de Estado que requiere un esfuerzo por parte de la clase política.
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