El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau se personará en las 27 causas abiertas para investigar la actuación policial el 1-O en la ciudad, en el marco de la operación coordinada por el coronel Diego Pérez de los Cobos con motivo de la suspensión del referéndum soberanista, que finalmente fue ilegalizado.
El teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens, ha anunciado hoy que el ayuntamiento ha decidido personarse de forma efectiva en todas las causas acumuladas en el juzgado número 7 de Barcelona ante la "ausencia de la Generalitat" y la "inacción del ministerio fiscal", al que ha acusado de ponerse "al servicio del Gobierno.
Asens ha considerado que Pérez de los Cobos debería dar explicaciones de lo ocurrido "en calidad de imputado o como testigo" en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 7, que acumula centenares de causas por presuntas agresiones cometidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O.
El teniente de alcalde ha criticado a De los Cobos por haber declarado ayer que "la ley está por encima de la convivencia", según el relato del concejal, y que no "había leído los fundamentos de la resolución" del Tribunal Superior de Justicia de cataluña (TSJC) que indicaba que la intervención policial debía hacerse sin alterar la convivencia ciudadana.
De los Cobos "está al servicio del Gobierno"
"Si no se la leyó, es un irresponsable; y si la leyó y ayer dijo lo contrario, es un mentiroso", ha señalado Asens, para quien De los Cobos mostró ayer "menosprecio al contenido de la resolución del TSJC, a la ciudadanía catalana y a los derechos humanos".
El Ayuntamiento de Barcelona se comprometió el 2 de octubre a poner todos los medios necesarios para atender a los centenares de personas afectadas, tanto desde el ámbito jurídico como de la asistencia social y psicológica, por las cargas policiales de ese día en la ciudad.
En esta línea, ahora ha comunicado "al juzgado número 7 de Barcelona, que acumula las 27 causas abiertas por las agresiones cometidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad el 1 de octubre, que se persona como acusación popular para ejercer la acción penal y civil que corresponda, realizando las actuaciones procesales que convenga en defensa de los intereses municipales en todos los procedimientos abiertos por estos hechos", según ha informado el consistorio.
En el escrito de comparecencia los servicios jurídicos del consistorio piden personarse en el caso por la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, considerando que los hechos sucedidos causaron una grave alteración de la vida ciudadana con afectación a derechos individuales y colectivos "que disponen de tutela penal en nuestro ordenamiento jurídico".
"Las imágenes del 1-O afectaron negativamente a Barcelona"
Por este motivo, el consistorio se pone a disposición para coadyuvar y ser proactivo en el esclarecimiento de los hechos objeto de esta instrucción judicial, "aclarando las responsabilidades penales que puedan derivarse".
Además, añade que las cargas policiales de la mañana del 1 de octubre, dentro y alrededor de las escuelas públicas de la ciudad, "tuvieron un eco notorio y pueden afectar negativamente a la imagen de Barcelona en el mundo".
El mismo escrito pide ser acusación popular tanto en los procedimientos abiertos como en los recursos que procedan en esta causa.
Un informe sobre los hechos ocurridos el 1-O elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de la entidad de defensa de los derechos humanos Iridia, concluye que "hubo tratos humillantes y vejatorios a personas" y que las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1 de octubre, a pesar de estar enmarcadas en la ejecución de órdenes judiciales para impedir la votación en el referéndum, supusieron un uso excesivo de la fuerza e "iban dirigidas a generar pánico entre la población civil".
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