A falta de 48 horas para que finalice el plazo para presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, justo tres meses después de que la norma fuera aprobada en el Congreso, el grueso de las comunidades autónomas ya han acudido al Tribunal Constitucional o están a punto de hacerlo. Y no sólo las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP. Porque a la entente formada por el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también se ha sumado Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, consolida, así, su papel como principal resorte contra Pedro Sánchez intramuros del PSOE.
Descartado ese mismo camino por Adrián Barbón y María Chivite, presidentes de Asturias y Navarra, respectivamente, y más aún por el flamante presidente catalán, Salvador Illa, plenamente inserto en esa hoja de ruta trazada en comandita por el Gobierno, el PSC y el independentismo catalán; este lunes han sido cinco los territorios del PP que han acudido al Constitucional: Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria y Aragón.
De todas ellas, ha sido la Comunidad de Madrid quien ha dado el pistoletazo de salida a la ofensiva autonómica contra la Ley de Amnistía. Según ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno en el Nueva Economía Fórum la situación le impedía quedarse "de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia". A ojos de Ayuso, una norma "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional".
Además, y en la línea que el propio partido y otras comunidades, el recurso presentado incluye la la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional –su presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez– por su "pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE".
Un extremo idéntico al apuntado por la Junta de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, ha defendido este lunes en Lucena (Córdoba) que "la ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de la ley", por lo que empleará "todos sus recursos" para frenar la medida de gracia con visos anticonstitucionales. En su escrito, la Junta considera vulnerados cinco principios constitucionales: el de la igualdad entre los españoles, la separación entre poderes del Estado, la tutela judicial efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y el veto a la arbitrariedad de los poderes públicos.
Por su parte, en Cantabria el recurso se presentará a través de dos vías: desde el gobierno presidido por la popular María José Sáenz de Buruaga y desde el Parlamento autonómico. Ha sido su presidenta, María José González Revuelta, quien ha apuntado que el recurso se registró el pasado viernes y que se trata del segundo que interpone el Parlamento de Cantabria en su historia. Un "signo de su excepcionalidad y trascendencia", ha remarcado. Como curiosidad, el anterior se presentó en 1992 y fue contra la Ley de Protección de las marismas de Santoña, algo puramente local y no en clave nacional, como el recurso recién presentado.
El PP abrió la lata el viernes
Alberto Núñez Feijóo inició su esperada (y larga) batalla judicial contra la Ley de Amnistía el pasado viernes. Un movimiento obligado para el principal partido de la oposición que, como adelantaba el jueves Vozpópuli, tiene como vigas maestras el nuclear derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, la interdicción en la arbitrariedad en la norma contenida en el artículo 9.3. y la vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional que consagra el artículo 117.
No son los únicos, pero sí los principales argumentos jurídicos esgrimidos contra la ley que llevó a Pedro Sánchez a reeditar la coalición de Gobierno. Según subrayó el viernes la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, los servicios jurídicos del PP también consideran vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Carta Magna, los 17 y 25 al tratarse de una ley penal singular, o el artículo 62, también apuntado hoy por este periódico, que prohíbe la concesión de indultos generales. Sabedor el legislador de que se mirarían con lupa todos ellos, la propia ley trata de esquivar dichos preceptos citando el por qué no se verían afectados en su propio articulado.
Gamarra subrayó que la norma es "injusta e inmoral" y que con, este recurso de inconstitucionalidad, al que se han sumado o sumarán en total una decena de comunidades autónomas gobernadas por los de Feijóo, amén de Castilla-La Mancha, "el PP cumple con su obligación y con el mandato de miles de españoles".