La extradición de Carles Puigdemont a España va para largo y el Gobierno belga quiere blindarse. Por eso, el primer ministro, Charles Michel, ha pedido a su ejecutivo que "evite la polémica en público" y deje de hacer declaraciones sobre Cataluña, confirman a Vozpópuli fuentes gubernamentales españolas.
Y es que los delitos más graves de los que se acusa al presidente de la Generalitat, rebelión y sedición, no son ordinarios -solo la malversación de caudales lo es- y eso va a hacer muy difícil que la Orden Europea de Detención (ODE) siga un recorrido habitual, sesenta días máximo.
Tanto el gobierno belga como el español dan por hecho que Puigdemont y sus abogados recurrirán ante el juez belga esa ODE por defecto formal y comience entonces un proceso de extradición "común", que puede alargarse hasta los cien días o incluso más si los magistrados bruselenses piden información suplementaria a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Para Bélgica es una papeleta política de primera magnitud tener en su territorio a un dirigente independentista y a cuatro de los consejeros de su Govern (Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) pretendiendo "internacionalizar", según ha confesado él mismo, un conflicto de fronteras en el seno de la vieja Unión Europea.
Las principales potencias europeas presionan a Charles Michel para que Bélgica no se convierta en un 'santuario' de los movimientos independentistas varios que sobreviven en el seno de la unión
Los dirigentes de los países centrales, la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el italiano Paolo Gentiloni, no quieren ningún geso en seno de la capital europea que dé alas a movimientos independentistas que hay también en Córcega, Lombardía o el Véneto.
El problema de Michel, además, es que gobierna con los independentistas flamencos y que el ministro de Inmigración, Theo Francken, de ese partido, que simpatiza con los soberanistas catalanes, fue el primero que ofreció asilo político a Puigdemont. Ya el uno de octubre, tras los disturbios en el referéndum ilegal, las críticas del propio primer ministro a la dureza de las cargas de la Policía española le supusieron un incidente con Rajoy.
Por eso, ahora, Charles Michel quiere "cuidar" sus relaciones con España. Una cosa es defender que los problemas se resuelven con "diálogo", como reclamó entonces al presidente del Gobierno español, y otra que la instalación de Puigdemont en sus fronteras acabe suponiendo un problema para la política exterior, incluso, la interior, belga.
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